Javier Milei vetó el fin de semana la ley de emergencia en discapacidad y la norma que garantizaba mejoras en los haberes jubilatorios. Lo hizo al filo del plazo legal, con una maniobra que dejó margen para negociar con gobernadores y legisladores, y evitar así que la oposición logre los dos tercios necesarios para rechazar los decretos presidenciales.

La decisión se oficializó este lunes con la publicación de los vetos en el Boletín Oficial. Mientras tanto, en la Casa Rosada aseguran tener “herramientas” para contener la avanzada legislativa y apuntan a acuerdos con gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco), cercanos a Karina Milei. Las negociaciones incluyen desde avales para tomar deuda hasta apoyos en elecciones locales.

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En Diputados, el oficialismo apuesta a sostener un piso de 84 votos entre La Libertad Avanza, el PRO, el MID y un grupo de radicales que ya avalaron otros vetos. La oposición necesita dos tercios de los presentes en ambas cámaras, por lo que las ausencias también serán determinantes.

La reacción de los sectores afectados no se hizo esperar. “La situación es crítica y se agrava día a día”, alertó Ana Dones, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Denunció la suspensión de pensiones, demoras en tratamientos y transporte, y advirtió que el veto “hace imposible una vida digna”.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, también fue categórico: “Los jubilados no dan más con 300 mil pesos. Esto no da para más”. Reclamó una emergencia alimentaria y sanitaria, y sostuvo que mientras el Congreso debate, “el jubilado se sigue muriendo de hambre”.

Ambas leyes volverán ahora al Congreso. Si Diputados y luego el Senado logran reunir los dos tercios, podrán insistir en su aprobación. Si no lo consiguen, el veto quedará firme y el debate no podrá retomarse en lo que resta del año. La pulseada política quedó abierta.