El presidente Javier Milei volvió a sacudir el tablero con una decisión que promete generar fuerte controversia: a través del Decreto 494/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la principal prestadora de agua potable y cloacas del país. La operación, que deberá contar con el aval del Congreso, se realizará por licitación pública nacional e internacional.

La iniciativa no llega sola. Ayer, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Ejecutivo modificó el marco regulatorio del servicio y habilitó a AySA a cortar el suministro a los usuarios que mantengan una deuda de apenas dos meses. También podrá interrumpir el servicio en casos de instalaciones “deficientes” o que representen “un perjuicio a terceros”, con previa notificación.

Únete a nuestro Instgram https://www.instagram.com/almafuerteradio/ y accede a las noticias mas relevantes

“La idea es modernizar la gestión, reducir el déficit y fomentar la eficiencia con la incorporación de capital privado”, argumentaron fuentes oficiales. Según el texto del decreto, al menos el 51% del paquete accionario deberá quedar en manos de un operador estratégico, mientras que el resto podrá colocarse en los mercados bursátiles locales.

El avance privatizador estará en manos de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de empresas públicas”, dependiente del Ministerio de Economía. Se trata del mismo organismo que ya gestiona el traspaso de empresas como Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino.

Pero las reacciones no tardaron. Desde sectores sindicales, legisladores de la oposición e incluso jefes comunales del conurbano bonaerense advirtieron sobre el impacto social de una medida que afecta a millones de hogares. “Privatizar AySA es renunciar a la soberanía sobre un recurso vital. Y permitir cortes por falta de pago en un contexto de crisis es directamente inhumano”, expresó un referente gremial del sector.

En medio del invierno y con una inflación aún alta, la decisión de habilitar cortes de agua por mora y vender la empresa estatal genera tensión política y social. Aunque el Gobierno insiste en que la privatización traerá mejoras en infraestructura y servicio, el debate ya comenzó y promete escalar en el Congreso y en las calles.