La relación entre los gobernadores y el Gobierno nacional volvió a tensarse, incluso entre quienes hasta hace poco mostraban cierto alineamiento con la gestión de Javier Milei. En las últimas horas, Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza) salieron a cuestionar con dureza la falta de inversión en infraestructura y el abandono de las rutas nacionales que atraviesan sus provincias.

El principal reclamo apunta a la parálisis de la obra pública y a la retención de fondos clave por parte del Ministerio de Economía, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la recaudación del impuesto a los combustibles, que el oficialismo se niega a coparticipar pese a que el Senado ya dio media sanción a los proyectos correspondientes.

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La Casa Rosada, por ahora, descartó una reunión con los mandatarios durante la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, frustrando así una instancia que había sido sugerida como posible puente de diálogo. La respuesta negativa agudizó el malestar entre los gobernadores.

Desde Santa Fe, Pullaro fue uno de los más duros: ordenó colocar carteles que marcan la jurisdicción entre rutas provinciales y nacionales, para evidenciar el estado crítico de estas últimas. “Me da vergüenza que los santafesinos piensen que esas rutas son responsabilidad nuestra”, afirmó.

En Córdoba, el ministro de Gobierno Manuel Calvo advirtió que “la situación es crítica y pone en riesgo la seguridad de los cordobeses”. Aunque Llaryora evita confrontaciones directas con Nación, los reclamos por la caída de la inversión y el impacto del ajuste libertario sobre las economías regionales son cada vez más frecuentes.

Cornejo, por su parte, también subió el tono: “Los ATN y los fondos por combustibles no generan déficit porque son recursos ya existentes y destinados por ley”, sostuvo, en abierta contradicción con el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien advirtió que el Ejecutivo vetará cualquier norma que afecte el superávit fiscal.

En paralelo, los gobernadores preparan una nueva cumbre en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde vienen articulando respuestas conjuntas al ajuste. El proyecto de distribución automática de fondos ya fue girado desde el Senado a Diputados, pero el oficialismo intenta trabarlo enviándolo a múltiples comisiones controladas por La Libertad Avanza.

La unidad de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño pone al Ejecutivo contra las cuerdas. Si logran avanzar con el proyecto sin dictamen de comisión, el Gobierno podría enfrentar una nueva derrota legislativa, profundizando su aislamiento político y su estrategia de confrontación incluso con potenciales aliados.

De no mediar un giro en la estrategia oficial, la fractura entre Nación y provincias amenaza con profundizarse. La falta de obras, el deterioro de rutas y la concentración de recursos en el Gobierno central son, para los mandatarios, síntomas de una política que no escucha ni negocia. Y el ruido ya se siente dentro y fuera de la coalición oficialista.