Brisa Páez tiene 21 años, estaba en sus primeros meses dentro de la Armada y hoy pelea por su vida. Permanece en coma desde el 4 de abril, cuando sufrió una brutal caída durante un ejercicio antidisturbios en la base militar de Vicente López. Por el hecho, ya fueron detenidos nueve integrantes de la fuerza, incluidos instructores y superiores, mientras crecen las sospechas de abuso, encubrimiento y violencia institucional.

La investigación está en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó múltiples allanamientos en la base y en los domicilios de los implicados. Allí se secuestraron celulares, documentos y registros audiovisuales del entrenamiento. La causa avanza bajo cargos que incluyen lesiones gravísimas, incumplimiento de deberes y posible encubrimiento.

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El entrenamiento, que consistía en simular situaciones de represión de protestas, terminó con Brisa desvanecida tras recibir un golpe que hizo que su cabeza impactara contra el suelo. Pese a llevar casco, sufrió una lesión cerebral conocida como “daño axonal difuso”, causada por un movimiento brusco que afectó gravemente sus conexiones neuronales. Testigos del hecho señalaron que, pese a sus quejas por dolor y desorientación, la práctica no fue interrumpida.

Pero el caso tiene un costado aún más inquietante: compañeros de Brisa aseguraron que venía siendo hostigada por parte de integrantes del grupo, y que el accionar durante el simulacro fue “más violento con ella que con el resto”. Una de las hipótesis judiciales apunta a una posible represalia vinculada a una relación previa con uno de los detenidos.

Desde organismos de derechos humanos y especialistas en seguridad salieron a cuestionar la legalidad misma del ejercicio. “Es ilegal que las Fuerzas Armadas realicen entrenamientos antidisturbios”, advirtió la exministra Sabina Frederic. “No están habilitados para intervenir en seguridad interior, y mucho menos para entrenarse como si lo estuvieran”.

En la misma línea, Mariana Galvani, investigadora del Instituto Gino Germani, alertó sobre el riesgo de que la Armada empiece a formar cadetes para el control interno. “Se construye la figura del otro como enemigo. Eso tiene consecuencias muy peligrosas”, afirmó.

Para Rodrigo Pomares, de la Comisión Provincial por la Memoria, el caso refleja una lógica de “adoctrinamiento violento” que ya se vio en otras prácticas militares. “El nivel de exigencia y brutalidad de estos entrenamientos es llamativo y alarmante. No es la primera vez que ocurren hechos así”.

Hasta el momento, ni la Armada ni el Ministerio de Defensa emitieron declaraciones públicas. La familia de Brisa espera noticias sobre su evolución clínica, mientras crece el reclamo por justicia y por respuestas ante un hecho que vuelve a poner en discusión el rol de las fuerzas armadas en democracia.