La medida de fuerza, que ya cuenta con el apoyo de importantes gremios del transporte y la industria, se enmarca dentro de un plan de lucha más amplio que incluye la participación en la marcha del 24 de marzo en apoyo a los jubilados y una movilización masiva para el 1º de mayo, el Día del Trabajador.

La decisión fue tomada durante una reunión del Consejo Directivo de la CGT, donde se destacó la creciente conflictividad social y el impacto negativo de las políticas de ajuste en los salarios y las condiciones laborales. En el encuentro, algunos sectores propusieron una huelga de 36 horas, pero finalmente se acordó un paro de 24 horas, con un impacto especialmente fuerte en el transporte, la industria y los servicios públicos.

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“Exigimos la libertad para negociar paritarias sin restricciones”, expresó Héctor Daer, cosecretario general de la CGT. “También pedimos un aumento para los jubilados y apoyamos la discusión en el Congreso sobre el bono de $760.000 para los sectores más vulnerables”, añadió.

El paro será solo una de las acciones dentro del plan de lucha. La central obrera comenzará con encuentros organizativos este viernes, en los que se prepararán para la marcha del 24 de marzo, organizada en conjunto con organismos de derechos humanos, y para fortalecer la presencia gremial en las protestas semanales de los jubilados. Además, se anticipa una movilización masiva el 9 de abril, días antes del paro general.

El sector del transporte, clave en la medida, ha manifestado su firme adhesión al paro. Gabriel Gusso, secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), confirmó que "no se moverá ninguna unidad" el 10 de abril. "La UTA apoya lo que propuso la CGT porque no se sostiene más la falacia oficial sobre una inflación que supuestamente no existe", subrayó.

Desde la central sindical también se reclamó la reactivación de la obra pública, advirtiendo que "muchas construcciones con un 90% de avance quedaron paralizadas". Además, denunciaron que el Gobierno mantiene congelados los salarios de los trabajadores estatales, lo que afecta a sectores clave como la salud y la educación.

Este paro marca el fin de la tregua que la CGT había mantenido desde la asunción de Milei. Después de la última gran movilización del 1º de mayo de 2024, la central sindical optó por el diálogo con el Ejecutivo. Sin embargo, la persistencia del ajuste y la falta de respuestas a los reclamos gremiales llevaron a la CGT a retomar las movilizaciones y desafiar abiertamente las políticas del Gobierno con una medida de fuerza de alto impacto a nivel nacional.