Los usuarios pagan cada vez más, pero la calidad del servicio sigue en caída libre. El apagón masivo que dejó sin luz a miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano volvió a poner sobre la mesa una realidad alarmante: las empresas energéticas reciben tarifas récord, pero la inversión en el transporte eléctrico brilla por su ausencia.

Desde la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) fueron contundentes: “La falta de obras en la ampliación del sistema pone en riesgo el servicio”. Lo habían advertido en las audiencias públicas de febrero, cuando el Gobierno avanzó con aumentos tarifarios sin exigir planes concretos de inversión. Sin embargo, el ajuste siguió adelante y las consecuencias quedaron a la vista.

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El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) inició una investigación para determinar las causas del apagón, pero desde el Gobierno evitan señalar responsables y solo atinan a decir que “primero hay que estudiar qué pasó”. Mientras tanto, los especialistas insisten en que los cortes son resultado de un modelo que prioriza la rentabilidad de las empresas por encima de la infraestructura del sistema.

En lo que va de 2024, las tarifas de electricidad aumentaron un 400%, afectando especialmente a la clase media, que cada vez recibe menos subsidios. “Desde la Unión de Usuarios y Consumidores estamos en contra de la quita indiscriminada de subsidios. El objetivo del Gobierno es eliminar la asistencia a la clase media y dejar solo dos grupos: los que pueden pagar y los que no”, denunció Fernanda Lacey, dirigente de la organización.

A pesar de la declaración de Emergencia Energética a través del DNU 55/2023, las obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico siguen paralizadas. Desde Deuco advirtieron que “esas inversiones son fundamentales para reducir costos y eliminar fallas en el servicio, pero hasta ahora el único esfuerzo lo hacen los usuarios, con tarifas impagables y un servicio cada vez más precario”.