En una movida que generó un verdadero terremoto político, el presidente Javier Milei firmó un decreto para designar a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces "en comisión" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión se produce en medio de la creciente controversia por el caso Criptogate, en el que el mandatario se encuentra en el centro de una millonaria estafa, y ha desatado un rechazo inmediato de juristas, organismos de derechos humanos y sectores políticos que cuestionan la legalidad de la medida.

Según fuentes oficiales, la Casa Rosada defendió el decreto como un intento de "normalizar el funcionamiento" de la Corte, que en la actualidad está compuesta solo por tres miembros tras la jubilación de Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024). El gobierno argumentó que, según el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, el Ejecutivo tiene la facultad de realizar nombramientos durante el receso legislativo.

ÚNETE A NUESTRO INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/almafuerteradio/ 

Ofrecemos lo más relevante en noticias. 

Sin embargo, esta explicación no convenció a los críticos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) calificó la medida de "inconstitucional" y no descartó acudir a la justicia. Paula Litvachky, directora del CELS, afirmó: "El Presidente pretende gobernar a través de hechos consumados. La Constitución no habilita al Ejecutivo a decidir unilateralmente la conformación de la Corte".

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también fue rotundo: calificó el acto de "nulidad absoluta". Por su parte, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía, advirtió que esta maniobra "afecta la independencia judicial" y representa "un retroceso institucional".

Desde la oposición, la respuesta fue tajante. El interbloque de Unión por la Patria (UxP) denunció que Milei "viola la Constitución" al arrogarse facultades que corresponden al Senado, que es el encargado de aprobar los nombramientos con una mayoría de dos tercios. Este tipo de respaldo legislativo no lo tiene el oficialismo, lo que profundiza aún más las críticas.

A pesar del descontento generalizado, desde el gobierno sostienen que seguirán buscando el respaldo del Congreso para ratificar el nombramiento de los jueces. En tanto, Ariel Lijo, uno de los designados, estaría evaluando tomarse licencia de su juzgado en Comodoro Py para asumir en la Corte, aunque aún no se formalizó la solicitud.

La estrategia de Milei parece clara: presentar una Corte completa durante la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, con los miembros del tribunal, incluido Lijo y García Mansilla, junto a los actuales magistrados Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. Sin embargo, la jugada podría acarrear una fuerte crisis institucional, con una Corte sin representación femenina y en medio de un clima de tensión política que promete escalar.