La privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), una de las empresas clave de Santa Cruz, ha desatado una ola de críticas, y en el centro de la polémica está la decisión del Gobierno de Javier Milei de convertirla en una Sociedad Anónima, lo que sería el paso previo a su privatización total. La medida ha generado temores sobre el futuro económico de la región y, en particular, sobre el impacto que tendrá en los miles de trabajadores que dependen de la empresa para su sustento.

El exfuncionario y expresidente de YPF, Pablo González, no tardó en levantar la voz contra esta medida, advirtiendo que, al igual que en la privatización de los años 90 bajo el gobierno de Carlos Menem, los principales afectados serán los trabajadores. "Es un golpe muy duro para Santa Cruz y su historia. La cuenca carbonífera, además de tener reservas, tiene una historia arraigada de lucha y sacrificio", sostuvo González, al referirse a la fuerte tradición minera de la región. Para él, la decisión del Gobierno es un claro paso hacia una privatización que traerá consigo consecuencias devastadoras para la comunidad local.

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Según González, la privatización en los 90 ya había tenido efectos devastadores. En ese entonces, cerca del 70% de los trabajadores fueron despedidos, y los recuerdos de esa experiencia siguen frescos en la memoria colectiva. El exfuncionario no dudó en señalar que la privatización previa llevó a una tragedia en 2004, cuando 14 mineros perdieron la vida. "Es una tragedia que marcó a la comunidad. Hoy, siento que la historia se está repitiendo", afirmó, recordando que los trabajadores ya pagan las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno.

González también apuntó a una connivencia política entre el Gobierno nacional y el provincial, sospechando que detrás de esta privatización se esconde un interés político que afectará gravemente a Santa Cruz. "Creemos que hay una connivencia política entre el Gobierno nacional y el provincial. Empieza un proceso que no sabemos cómo va a terminar", advirtió. Mientras tanto, los primeros daños ya se sienten en la región, con más de 1.700 despidos en el sector de la minería. "Los primeros que pagan las consecuencias son los trabajadores", destacó con firmeza.

En cuanto a los argumentos del Gobierno, que defiende la privatización por la ineficiencia de la empresa, González fue categórico. "El 26% de la energía del mundo funciona a carbón", recordó, subrayando el enorme potencial de YCRT en el contexto global. Además, destacó que Argentina ocupa el puesto 150 de 180 países en el ranking de emisiones de CO2, lo que implica que, lejos de ser un problema, el carbón puede ser una fuente de energía viable para el país si se gestionara adecuadamente. "Lo que falta es voluntad de invertir y hacer funcionar algo que el Estado podría hacer", concluyó, dejando claro que la decisión del Gobierno no tiene fundamentos sólidos y solo apunta a perjudicar a los trabajadores.