El ajuste tarifario que el Gobierno buscaba implementar ya es un hecho: la Secretaría de Energía oficializó la quita de subsidios en la electricidad y el gas para los sectores de ingresos bajos (N2) y medios (N3), lo que impactará de lleno en las facturas de febrero. La medida, que se enmarca en la política de reducción del gasto público, afectará a casi 10 millones de hogares en todo el país.

Desde el Ejecutivo aseguran que el recorte es necesario para “ordenar” el esquema de subsidios y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, la decisión golpeará de lleno a los sectores más vulnerables, que hasta ahora contaban con un descuento parcial en sus boletas. “Unificar y simplificar los descuentos” fue la frase técnica con la que la Secretaría de Energía comunicó la medida, pero en la práctica significa que los hogares que ya venían ajustando su consumo deberán afrontar aumentos que podrían duplicar o hasta triplicar sus facturas.

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Los sectores más perjudicados serán los de ingresos bajos y medios, quienes hasta ahora tenían una cobertura parcial del Estado para los costos de energía. Mientras tanto, los usuarios de altos ingresos (N1) ya pagan tarifa plena desde 2023, por lo que no sufrirán cambios. Además, el Gobierno confirmó un nuevo aumento del 1,6% en el gas natural y del 1,5% en la electricidad, lo que sumará más presión al bolsillo de los argentinos.

El impacto será especialmente grave en el invierno, cuando el consumo de gas se dispara en gran parte del país. Expertos del sector advierten que los incrementos no solo golpearán a las familias, sino también a las pequeñas y medianas empresas, que deberán afrontar un costo energético mucho más elevado en un contexto de recesión.

Desde organizaciones de defensa del consumidor ya alertan sobre el posible colapso en el pago de servicios esenciales. “Muchos usuarios no van a poder afrontar las facturas y se va a generar una ola de cortes masivos”, advirtieron. Además, alertan sobre el riesgo de que la eliminación de subsidios profundice aún más la crisis económica y genere una caída en el consumo de otros bienes básicos.

Por ahora, el Gobierno no anunció medidas de contención para los sectores más afectados, aunque algunas versiones indican que podrían aplicarse mecanismos de asistencia focalizada. Mientras tanto, las empresas distribuidoras de energía deberán actualizar sus cuadros tarifarios y notificar a los usuarios sobre los nuevos valores, que llegarán con el impacto completo en las facturas de febrero.