Legisladores de la oposición presentaron un amparo para frenar la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos, al considerar que el Gobierno de Javier Milei pretende transferir una empresa estratégica a un precio inferior a su valor real y mediante un procedimiento marcado por la falta de transparencia. Además, formularon una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

La presentación fue realizada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Humberto Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. La demanda quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo número 3, a cargo de Santiago Ricardo Carrillo.

El consorcio integrado por Rowing Sociedad Anónima, Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua quedó primero en la licitación para adquirir el 90% de las acciones de AySA, con una oferta de 340 millones de dólares. Ese monto fue cuestionado por los legisladores y por especialistas. El economista Jorge Carrera recordó que en 1999 se habían pagado 400 millones de dólares por Obras Sanitarias de la Provincia, una suma que actualmente equivaldría a cerca de 800 millones de dólares.

El amparo también cuestiona que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dependiente del Ministerio de Economía, haya mantenido en reserva la tasación oficial de AySA. La Comisión Bicameral solicitó acceder a los informes y trámites internos, pero el titular del organismo, Diego Martín Chaher, rechazó el pedido al invocar la Resolución ATEP 1/2026, dictada el 1 de abril y no publicada en el Boletín Oficial. Los legisladores sostienen que esa decisión impide el control del Congreso y de la ciudadanía sobre una operación que afecta el patrimonio público.

La presentación judicial denuncia, además, que el Gobierno apartó al Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo autárquico encargado de intervenir en la valuación de bienes estatales, y derivó el procedimiento al Banco de Inversión y Comercio Exterior o a entidades privadas. Según el planteo, la valuación fue realizada mediante el método de Flujo Neto de Fondos Descontados, que calcula el precio a partir de ganancias futuras estimadas y que, de acuerdo con los amparistas, puede generar una subvaluación de los activos públicos. El mismo mecanismo habría sido aplicado en otros procesos de privatización y concesión, entre ellos las centrales hidroeléctricas del Comahue y empresas vinculadas con la generación nuclear.

Los legisladores advirtieron que adjudicar AySA sin hacer pública la tasación oficial podría provocar un daño irreversible sobre el patrimonio nacional. También remarcaron que el valor de una empresa estatal estratégica no puede ser considerado un secreto comercial frente al Congreso y la sociedad.

La privatización se produce después de un fuerte aumento de las tarifas de agua. Desde noviembre de 2023 hasta marzo de este año, las facturas de AySA subieron un 538%. Esa variación permitió que la empresa registrara un resultado financiero positivo superior a 41.000 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, pero, según los denunciantes, no se tradujo en una mejora de la infraestructura ni en la ampliación de las redes de agua y cloacas.

Por el contrario, las obras de saneamiento quedaron paralizadas. De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande, en diciembre de 2023 había 273 obras en ejecución incluidas en el Mapa de Inversiones. Hasta mayo del año siguiente, ninguna había registrado avances físicos, mientras que el gasto de capital de AySA cayó un 75% en términos reales desde el cambio de gestión.

El abandono de las obras afecta a una población que todavía enfrenta deficiencias en el acceso a los servicios básicos. En la Argentina, 965.216 hogares, equivalentes al 6,1% del total, no cuentan con agua dentro de la vivienda por cañería. Al mismo tiempo, el aumento tarifario profundizó las dificultades de pago: el concepto “cuentas incobrables” fue el único rubro de gastos de AySA que aumentó desde el cambio de gestión, con una suba real del 89,3%. Además, la cantidad de usuarios con demoras en el pago llegó a 488.978 durante 2026, un 33,6% más que en 2023.

La situación se vuelve más compleja porque el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025 habilitó al futuro concesionario a cortar el servicio por falta de pago. La norma establece que la interrupción puede concretarse cuando exista una mora mínima de 60 días para usuarios residenciales y de 15 días para usuarios no residenciales, contados desde el segundo vencimiento. Los denunciantes sostienen que esa posibilidad amenaza a miles de familias que no pueden afrontar facturas cada vez más elevadas y recuerdan que el acceso al agua constituye un derecho humano básico.

Los legisladores también cuestionaron los vínculos empresariales de algunos de los integrantes del consorcio adjudicatario. Rowing Sociedad Anónima, una de las firmas participantes, pertenece a Walter Román, cuya familia también participa en la concesión de la Vía Navegable Troncal mediante la empresa Servimagnus, vinculada con Leonardo Román.

Para los amparistas, la operación reúne dos características centrales de la política privatizadora del Gobierno: la transferencia de activos estratégicos a grupos privados y el ocultamiento de información clave para impedir el control público. En su presentación sostuvieron que la reserva impuesta por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas es arbitraria e ilegal porque se apoya en una norma que no fue publicada oficialmente, y señalaron que esa decisión obstaculiza el funcionamiento de la Comisión Bicameral y la división de poderes.

La Justicia deberá resolver si permite que la privatización continúe o si ordena suspenderla hasta que el Gobierno haga públicos los informes de tasación y garantice la intervención de los organismos correspondientes. Mientras tanto, la venta del 90% de AySA quedó bajo cuestionamiento por el precio ofertado, la falta de información sobre su valuación, el estado de las obras y el impacto que las nuevas condiciones podrían tener sobre los usuarios.