El Gobierno de Javier Milei comprometió casi la totalidad de las reservas de oro de la Argentina en una operación financiera que terminó con una pérdida de 1.023 millones de dólares. A pesar de la magnitud del resultado, el Banco Central todavía no explicó con precisión qué ocurrió con el metal, dónde se encuentra y si las onzas comprometidas ya volvieron a estar disponibles.

La maniobra involucró 1.790.000 onzas troy sobre un total de 1.900.000, es decir, el 94% de las reservas argentinas. No solo se utilizó el oro trasladado a Londres: también se comprometieron certificados correspondientes a las reservas que permanecían en las bóvedas del Banco Central.

La operación se realizó mediante el sistema conocido como REPO, un acuerdo de recompra respaldado con activos. Para llevarla adelante, el Gobierno puso en juego certificados correspondientes a unas 600.000 onzas depositadas en Londres y a otras 1.190.000 que permanecían en la Argentina.

Según la información difundida, el resultado fue una pérdida de 1.023 millones de dólares para el Estado. La Auditoría General de la Nación calificó el resultado como una pérdida extraordinaria y señaló que nunca se había registrado un quebranto de semejante magnitud desde que se auditan los estados contables del Banco Central.

La pérdida se produjo porque el contrato de recompra se pactó a un valor inferior al que alcanzó el oro en el mercado internacional. El 31 de diciembre de 2024, la onza cotizaba a 2.624 dólares, mientras que un año después llegó a 4.331 dólares, con un incremento del 65%. Para cubrir la diferencia, la Argentina habría debido desembolsar 960 millones de dólares, a los que se sumaron otros 63 millones correspondientes a una póliza de seguro.

Mientras el precio internacional del oro aumentaba y elevaba el valor nominal de las reservas, la operación financiera ejecutada por el Gobierno habría generado el efecto contrario. La suba del metal produjo una valorización contable, pero la maniobra impulsada por el Banco Central derivó en una pérdida concreta de 1.023 millones de dólares. En otras palabras, el Estado tuvo que pagar la diferencia entre el valor pactado y la cotización posterior.

Los números permiten dimensionar el impacto de la decisión. Al finalizar 2024, la Argentina tenía oro valuado en 4.696 millones de dólares. Si las reservas hubieran permanecido en las bóvedas del Banco Central, el aumento del precio internacional habría elevado su valor hasta unos 7.752 millones de dólares al cierre de 2025. Sin embargo, terminaron valuadas en 6.729 millones debido al resultado de la operación.

La conducción del Banco Central intentó presentar el balance general como positivo, amparándose en el incremento del precio internacional del oro. Sin embargo, ese argumento no responde al punto central de la discusión: las reservas se habrían valorizado de todos modos aunque el metal no hubiera sido utilizado como respaldo financiero. Por eso, la ganancia producida por la suba de la cotización no elimina la pérdida provocada por la operación.

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, tampoco habría brindado explicaciones completas ante el Senado. En esa oportunidad afirmó que el oro había sido enviado a Suiza, aunque el metal fue trasladado a Londres. También sostuvo que el objetivo era fundir lingotes de baja calidad, pero solo 115 fueron refundidos sobre un total superior a mil y la pérdida atribuida a ese procedimiento habría sido mínima.

La explicación oficial tampoco habría detallado el aspecto principal de la maniobra: el oro fue utilizado para respaldar una operación financiera. Bausili no informó que se habían comprometido los certificados correspondientes al metal enviado a Londres ni que también se había puesto en juego casi la totalidad del oro que permanecía en las bóvedas del Banco Central.

El Gobierno tampoco informó qué ocurrió con las reservas después de la operación. No explicó si las onzas comprometidas volvieron a estar disponibles, si el acuerdo continúa vigente, en qué condiciones se encuentra el oro depositado en Londres ni qué riesgos enfrenta la Argentina por mantener parte de sus activos estratégicos fuera del país.

La falta de transparencia también se extendió a la documentación. El Banco Central se negó a entregar a los auditores los papeles que acreditaran el lugar donde se encontraban las reservas. La Auditoría solo pudo acceder a la información a través de una pantalla dentro de la entidad, sin posibilidad de retirar copias ni revisar la documentación respaldatoria de manera independiente.

La situación expone, además, una contradicción dentro del propio Gobierno. Por un lado, sus representantes sostienen que no pueden informar dónde está el oro por temor a eventuales embargos de acreedores y fondos buitre. Por otro, un dictamen jurídico interno habría indicado que no existía riesgo porque se trataba de reservas soberanas.

El antecedente de Islandia demuestra que esos riesgos no son una hipótesis remota. En 2008, reservas de oro de ese país depositadas en el Banco de Pagos Internacionales fueron alcanzadas por medidas judiciales durante la crisis bancaria. La Argentina, además, mantiene un conflicto histórico con el Reino Unido por la ocupación de las Islas Malvinas y enfrenta distintos litigios internacionales.

La Auditoría General de la Nación prepara un nuevo informe sobre el destino del oro y la conveniencia de su traslado. Sin embargo, el organismo no podrá evaluar en ese documento todo lo ocurrido durante los últimos meses, ya que el análisis conocido se concentró en los movimientos y resultados correspondientes a 2025.

El Gobierno nacional ya habría perdido 1.023 millones de dólares, comprometido el 94% de las reservas de oro y todavía no ofrece una explicación completa sobre el destino del metal. La administración de Milei presentó la operación como una decisión técnica y sus resultados como una ganancia, pero los registros difundidos muestran otra interpretación: el aumento del precio del oro benefició a las reservas, mientras que la maniobra financiera del Banco Central generó una pérdida millonaria.

Lo que queda pendiente no es solo una discusión contable. El Gobierno deberá explicar quién autorizó la operación, por qué se utilizó casi todo el oro argentino, cuáles fueron las condiciones del acuerdo y por qué mantiene el silencio sobre la ubicación y disponibilidad de las reservas. Mientras esas respuestas no aparezcan, la pérdida de 1.023 millones de dólares seguirá siendo el dato central de una operación que permanece rodeada de interrogantes.