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¡ESCÁNDALO POR EL ORO! Denunciaron a Caputo y Bausili por presuntas operaciones con las reservas

Por: Carlos Rodriguez

La presentación judicial surgió tras un informe de la Auditoría General de la Nación que detectó resultados negativos por más de 1.000 millones de dólares durante 2025. También fue denunciado un funcionario del Banco Central.

El ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet, fueron denunciados penalmente por presuntas irregularidades en operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales.

La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, un día después de que la Auditoría General de la Nación difundiera un informe sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025. Según la denuncia, las operaciones relacionadas con el oro utilizado como respaldo financiero habrían generado resultados negativos por 1.023 millones de dólares durante ese año, una cifra equivalente a 1.469.155 millones de pesos calculados a valores de cierre.

El escrito sostiene que 960,2 millones de dólares corresponderían a resultados negativos derivados de opciones financieras, mientras que otros 62,8 millones se habrían destinado al pago de primas. A partir de esos datos, Dalbón pidió que se investigue si los funcionarios incurrieron en los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal número 4, a cargo de Ariel Lijo, y en la Fiscalía Federal número 11, encabezada por Gerardo Pollicita. La presentación solicita determinar quién decidió y autorizó las operaciones, quién las diseñó, con qué entidades se realizaron y cuál fue la justificación económica utilizada para avanzar con ellas.

También pretende establecer qué riesgos asumió el Banco Central, qué controles se aplicaron y si las decisiones adoptadas provocaron un perjuicio patrimonial para el Estado argentino. En caso de que la investigación avance, el denunciante anticipó que podría solicitar que los funcionarios sean citados a declaración indagatoria, además de pedir allanamientos, el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, peritajes contables y financieros y el levantamiento del secreto bancario o financiero, según corresponda.

“La gravedad y magnitud de los hechos denunciados exigen una investigación rápida, profunda e independiente”, sostuvo Dalbón en el escrito presentado ante la Justicia. El abogado también adelantó que ampliará la denuncia el martes 13 de octubre, después del feriado del lunes, con nueva información y documentación.

Asimismo, señaló que solicitará medidas urgentes para preservar pruebas y que, si los elementos incorporados permiten acreditar los requisitos legales, se evalúen medidas personales y patrimoniales para garantizar el desarrollo de la investigación.

El informe de la Auditoría General de la Nación constituye el punto de partida de la denuncia. El organismo analizó los estados contables del Banco Central y detectó resultados negativos vinculados con opciones financieras respaldadas por parte del oro de las reservas.

Bausili ya había defendido públicamente el traslado de lingotes a Europa durante el debate por un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, realizado un mes antes. En aquella oportunidad, explicó que durante 2024 se tomó la decisión de mejorar la “calidad” del oro y que, debido a una oportunidad favorable, parte de las reservas fue enviada a Suiza, donde continúa depositada.

El titular del Banco Central comparó esa operación con la diferencia entre los billetes de dólar conocidos como “cara chica” y “cara grande”, y sostuvo que los movimientos del oro se encuentran documentados. Según afirmó, la medida permitió convertir oro considerado de menor calidad en otro de mayor calidad, con un costo inferior al histórico, y formó parte de una estrategia de administración de las reservas.

Ahora, la Justicia deberá determinar el alcance de las operaciones, la eventual responsabilidad de los funcionarios denunciados y si existió un perjuicio para el patrimonio público.

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