La disputa por la Ley de Tierras Rurales regresó al centro de la agenda parlamentaria luego de la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el artículo 154 del DNU 70/23. El máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional ese artículo, aunque aclaró que no se pronunció sobre la validez constitucional de la norma.

La Corte fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata para promover la demanda. Según los jueces que firmaron la resolución, no estaba configurado un caso o controversia judicial que habilitara el planteo realizado por la organización.

Como consecuencia del fallo, volvió a quedar vigente el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Esa norma había establecido límites para la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellos un máximo del 15 por ciento de la superficie nacional, provincial o departamental.

La decisión judicial generó una reacción inmediata entre sectores de la oposición, que comenzaron a analizar una salida parlamentaria para dejar sin efecto el decreto o restablecer específicamente las restricciones que establecía la Ley de Tierras.

El antecedente más importante se encuentra en el Senado. El 14 de marzo de 2024, la Cámara alta rechazó el DNU 70/23 por 42 votos contra 25, con cuatro abstenciones. Sin embargo, el decreto continuó vigente porque para que un decreto de necesidad y urgencia quede definitivamente rechazado debe ser rechazado por ambas cámaras del Congreso.

La Cámara de Diputados nunca llegó a votar el rechazo del DNU en el recinto. Por ese motivo, los bloques opositores volvieron a poner el tema en agenda después de la resolución de la Corte y comenzaron a trabajar para reunir los votos necesarios para solicitar una sesión.

Una de las fechas que comenzó a circular para ese eventual tratamiento es el 15 de octubre. La jornada coincidiría además con la quinta Marcha Federal Universitaria, por lo que distintos sectores opositores y organizaciones sociales podrían confluir en los alrededores del Congreso.

En paralelo, legisladores de Unión por la Patria impulsaron en el Senado una iniciativa orientada específicamente a derogar el artículo 154 del DNU 70/23 y recuperar las restricciones previstas en la Ley de Tierras Rurales. La alternativa permitiría concentrar la discusión parlamentaria en la normativa vinculada con la propiedad extranjera, sin necesariamente avanzar sobre el resto de las disposiciones incluidas en el decreto.

El debate legislativo tendrá además un componente constitucional. La Corte Suprema no determinó que el artículo 154 sea constitucional, sino que revocó la sentencia anterior porque consideró que la organización que había iniciado la demanda no contaba con legitimación para hacerlo. De esta manera, la discusión sobre la validez de la derogación quedó abierta en el terreno legislativo.

La estrategia opositora deberá ahora atravesar una negociación entre los distintos bloques de Diputados para determinar si existe una mayoría capaz de llevar el DNU al recinto y avanzar con su rechazo. El oficialismo y sus aliados, en tanto, deberán definir su posición frente al intento de volver a discutir una norma que ya fue rechazada por el Senado.

Mientras tanto, organizaciones sociales, sindicales y políticas anunciaron movilizaciones en rechazo a la decisión judicial y en reclamo por el restablecimiento de las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales.

De concretarse la sesión el 15 de octubre, el Congreso podría convertirse nuevamente en el escenario central de una discusión que combina la vigencia del DNU 70/23, el régimen de propiedad de tierras rurales y las facultades del Poder Legislativo frente a los decretos de necesidad y urgencia.