El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 volvió a intimar este miércoles al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria. El juez federal Martín Cormick estableció un nuevo plazo de cinco días para que el Estado cumpla con la medida cautelar vigente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas por cada día de demora.

La resolución se produjo después de que el Gobierno presentara un pedido de revocatoria contra la intimación anterior. El magistrado rechazó ese planteo y volvió a señalar que la documentación presentada por el Estado no acredita el cumplimiento integral de las obligaciones establecidas en la medida cautelar.

Uno de los puntos centrales de la resolución está relacionado con la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas. Cormick consideró que, aunque se acreditaron acciones vinculadas con las convocatorias a negociaciones paritarias y la efectivización de algunas órdenes de pago, no quedó demostrado que los cálculos de los aumentos se hayan realizado de acuerdo con las variables previstas por la Ley 27.795.

En ese sentido, el magistrado sostuvo que “no surge en igual modo respaldado” que el cálculo de los aumentos y actualizaciones salariales haya sido realizado conforme a lo establecido por la norma.

La discusión también alcanza a las becas estudiantiles. Según la resolución, el propio Estado manifestó que, bajo su interpretación de la ley, la única beca alcanzada por las disposiciones de la norma sería la Beca Manuel Belgrano, mientras que dejó fuera de ese esquema a las becas Progresar y las destinadas al área de enfermería.

La disputa judicial tiene como antecedente la medida cautelar dictada por Cormick en diciembre de 2025, que ordenó al Estado avanzar con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario referidas a salarios y programas estudiantiles. La medida fue posteriormente confirmada en distintas instancias judiciales y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.

El 22 de septiembre, el mismo juzgado ya había intimado al Gobierno a cumplir la cautelar en un plazo de cinco días y había advertido sobre la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas diarias en caso de incumplimiento.

La nueva decisión judicial coincidió con el inicio de un paro universitario de 72 horas convocado por organizaciones gremiales docentes y no docentes. La medida comenzó este miércoles y tiene entre sus principales reclamos la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

Los sindicatos sostienen que la normativa establece una actualización de los haberes que, según sus cálculos, alcanza el 33,4%, además de la actualización posterior de acuerdo con la evolución de los precios. El Gobierno, por su parte, sostiene que ha realizado pagos y actualizaciones y cuestiona la interpretación sobre el alcance de las obligaciones fijadas por la ley.

En paralelo al paro, el sector universitario mantiene distintas actividades de protesta y visibilización. Entre ellas se encuentra un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina, además de radios abiertas y otras acciones previstas durante la jornada.

El conflicto también tiene como próximo punto de referencia la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. La movilización fue ratificada por organizaciones universitarias pese a la intimación judicial y mientras continúa la discusión sobre el cumplimiento de la ley y el financiamiento del sistema para 2027.

Si querés, también puedo hacer una versión con un título todavía más fuerte y orientado a clics, manteniendo el contenido estrictamente factual.