La Cámara de Diputados aprobó una nueva versión de la Ley de Discapacidad después de que el oficialismo aceptara modificar su propuesta original ante los reclamos de organizaciones del sector y legisladores de la oposición. El acuerdo permitió destrabar una extensa negociación parlamentaria e incorporar medidas destinadas a reforzar el financiamiento de las prestaciones y proteger los derechos de las personas con discapacidad.

Uno de los puntos centrales de la discusión fue la necesidad de garantizar los recursos para sostener los servicios médicos y las prestaciones destinadas a este colectivo. Tras las conversaciones entre distintos bloques, el texto aprobado incluyó modificaciones que amplían las garantías presupuestarias y establecen plazos concretos para regularizar las deudas con los prestadores. Pese al avance legislativo, continúa la incertidumbre por la posibilidad de que el presidente Javier Milei decida vetar la iniciativa.

Las negociaciones se intensificaron cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aceptó revisar el dictamen impulsado por el oficialismo. El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, acercó los planteos de las organizaciones vinculadas con la discapacidad, mientras que representantes de Unión por la Patria promovieron nuevos cambios. La redacción definitiva surgió de un acuerdo en el que participaron legisladores de diferentes espacios políticos.

Entre las principales modificaciones, la ley establece que, si las partidas presupuestarias del área de Salud resultan insuficientes, podrán utilizarse recursos del Tesoro para cubrir las necesidades del sistema. Además, dispone que los fondos asignados por beneficiario no podrán disminuir en términos reales y mantiene la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con la inflación.

Otro de los puntos acordados establece que el Gobierno deberá presentar, dentro de los 30 días, un cronograma para compensar las deudas con los prestadores. La normativa fija un plazo máximo de 90 días para completar esos pagos y contempla la obligación de garantizar las prestaciones médicas básicas. Estas disposiciones buscan dar previsibilidad a las instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad.

El texto también incorpora cambios relacionados con las pensiones y el empleo. Por un lado, ratifica la Ley de Empleo Protegido y aclara que las pensiones por invalidez laboral conservarán sus requisitos específicos. Por otro, establece garantías para las personas que puedan quedar alcanzadas por una suspensión de su beneficio a partir de cruces de información: antes de adoptar esa medida, deberá notificárseles la situación y otorgarles un plazo para presentar un descargo.

En cuanto a la evaluación para acceder a una pensión por discapacidad, la versión aprobada establece que se tendrán en cuenta los ingresos individuales de la persona solicitante y no los del conjunto de su grupo familiar. Este punto formó parte de los reclamos planteados durante las negociaciones, junto con la necesidad de evitar que los controles administrativos deriven en la suspensión de beneficios sin una instancia previa de notificación y defensa.

Durante el debate, legisladores opositores cuestionaron la propuesta inicial del Gobierno y sostuvieron que no contemplaba de manera suficiente la emergencia que atraviesa el sector. También reclamaron que se eliminen del Presupuesto 2027 los artículos del capítulo VI que, según advirtieron, podrían perjudicar a las personas con discapacidad y afectar el financiamiento de las prestaciones.

Las organizaciones del sector, en tanto, mantuvieron una postura cautelosa frente al acuerdo alcanzado. Si bien reclamaron durante el proceso legislativo que se incorporaran sus demandas, también remarcaron la importancia de que las modificaciones aprobadas se traduzcan efectivamente en partidas presupuestarias suficientes para garantizar la continuidad de los servicios.

El resultado de la votación representó un cambio significativo en la postura del oficialismo, que finalmente aceptó incorporar parte de los reclamos de las organizaciones y de la oposición. Para los legisladores que impulsaron las modificaciones, el acuerdo permitió evitar posibles retrocesos en los derechos de las personas con discapacidad y establecer obligaciones más claras para el Estado.

Con la aprobación de Diputados, el proyecto avanzará en su recorrido parlamentario hacia el Senado, aunque todavía queda por resolver si el Ejecutivo aceptará la nueva normativa. La posibilidad de un veto total o parcial mantiene abierto el escenario político y deja en suspenso la implementación definitiva de las garantías y los recursos incluidos en el texto.