La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores advirtió que alrededor de 120.000 puestos de trabajo rurales podrían quedar comprometidos luego del vencimiento del Decreto 514/2021, que establecía un régimen de compatibilidad entre el empleo rural temporario registrado y determinadas prestaciones de protección social.

La normativa, que había sido prorrogada por última vez en octubre de 2025, dejó de estar vigente el 1° de septiembre de 2026. Hasta el momento, según señaló el gremio, no se publicó una nueva prórroga en el Boletín Oficial, una situación que generó preocupación entre los trabajadores ante el comienzo de nuevas campañas agrícolas.

El reclamo de UATRE apunta a garantizar que quienes acceden a empleos rurales temporarios registrados no pierdan automáticamente determinados beneficios sociales durante el período de contratación. Desde el Ministerio de Capital Humano, en tanto, señalaron que el trámite destinado a garantizar la continuidad del mecanismo se encuentra en curso y que no habrá interrupciones en el cobro de las prestaciones.

La discusión adquiere especial relevancia por las características del mercado laboral rural, marcado por una fuerte estacionalidad. Miles de trabajadores son incorporados durante determinados períodos del año para participar de cosechas y otras actividades productivas, mientras que posteriormente atraviesan meses en los que sus ingresos pueden disminuir de manera significativa.

En ese escenario, la posibilidad de conservar determinadas prestaciones sociales mientras se desarrolla una actividad laboral temporaria es considerada por el sector sindical como una herramienta para proteger los ingresos familiares y, al mismo tiempo, favorecer la registración laboral.

La preocupación de UATRE se centra en que, si esa compatibilidad no queda claramente garantizada, algunos trabajadores puedan verse desalentados a aceptar empleos formales por temor a perder beneficios que resultan necesarios durante los meses de menor actividad.

El gremio había anticipado su reclamo antes del vencimiento del decreto. El 18 de agosto, el secretario general de UATRE, José Voytenco, envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para solicitar la continuidad del régimen y pidió que la situación fuera atendida con carácter “urgente”.

Según informó la organización sindical, al momento del vencimiento de la norma no había recibido una respuesta formal ni se había publicado una nueva prórroga. Desde UATRE advirtieron que “esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias”.

La entidad sostiene que una eventual interrupción del régimen podría generar consecuencias que excedan la cuestión vinculada con las prestaciones sociales y afectar también el proceso de formalización del empleo rural. El mecanismo vigente durante los últimos años había buscado eliminar uno de los obstáculos que, según el sector, dificultaban que los trabajadores aceptaran contratos registrados de carácter temporario.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental”, afirmó UATRE, al señalar que permite que “el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar”.

El Decreto 514/2021 fue firmado en agosto de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, y comenzó a regir el 1° de septiembre de ese año. Su objetivo fue establecer mecanismos para compatibilizar determinadas políticas de protección social con el trabajo registrado bajo modalidades temporarias o permanentes discontinuas propias de distintas actividades rurales.

Sin embargo, la situación actual también está atravesada por los cambios introducidos este año en la legislación laboral. En marzo de 2026 entró en vigencia la Ley 27.802 de Modernización Laboral, impulsada por el Gobierno nacional, que incorporó a la Ley de Trabajo Agrario el artículo 34 bis, referido específicamente a la compatibilidad entre el trabajo rural registrado y las prestaciones sociales.

La nueva disposición establece que los trabajadores temporarios tienen derecho a percibir las asignaciones familiares contributivas y que, una vez finalizada la relación laboral y cuando dejan de estar comprendidos dentro del régimen contributivo, pueden acceder al régimen de asignaciones familiares no contributivas correspondiente.

Ese punto es utilizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa como uno de los argumentos para sostener que la compatibilidad ya fue incorporada al marco legal y que, por lo tanto, no sería indispensable una nueva prórroga del Decreto 514/2021.

La diferencia de interpretación se encuentra en el centro de la discusión. Mientras UATRE reclama una extensión expresa para evitar cualquier vacío normativo, otros sectores consideran que las nuevas disposiciones incorporadas a la legislación laboral ya permiten garantizar parte de los derechos contemplados en el esquema anterior.

La principal incertidumbre pasa ahora por determinar con precisión cuáles son las prestaciones alcanzadas por las nuevas disposiciones, bajo qué condiciones se mantiene la compatibilidad y qué sucede con aquellos mecanismos que habían sido establecidos específicamente a partir del Decreto 514/2021 y sus normas complementarias.

La definición resulta especialmente relevante en las semanas previas al inicio de nuevas campañas agrícolas, cuando aumenta la demanda de mano de obra temporaria. Para los trabajadores, productores y entidades del sector, el objetivo es evitar que la incorporación a un empleo registrado termine provocando una pérdida de ingresos para familias que dependen de determinadas prestaciones durante los períodos de menor actividad.

Mientras el Gobierno sostiene que el trámite para garantizar la continuidad se encuentra en curso, UATRE mantiene su reclamo para que la situación quede formalmente resuelta. La decisión que adopte el Ejecutivo será seguida de cerca por el sector rural, debido a su posible impacto sobre la contratación temporaria, la registración laboral y los ingresos de miles de familias vinculadas con las actividades agropecuarias.