La situación de los jubilados afiliados al PAMI volvió a quedar en el centro de la discusión debido a los reclamos por medicamentos, tratamientos y prestaciones médicas. A quince meses de una resolución judicial que ordenó restituir el programa Vivir Mejor, que contemplaba la cobertura automática del 100 por ciento de determinados medicamentos, los abogados que intervienen en la causa sostienen que la medida todavía no fue cumplida en los términos establecidos.

El conflicto suma además una investigación judicial que involucra a funcionarios del organismo. El director nacional de PAMI, Esteban Leguizamo, fue imputado y citado a declarar en una causa en la que se analiza un presunto incumplimiento de una decisión judicial, entre otros posibles delitos. El expediente volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de cobertura y las dificultades que enfrentan los adultos mayores para acceder a medicamentos y tratamientos.

Uno de los testimonios que expuso la dimensión del problema fue presentado ante la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Cámara de Diputados por Sebastián Baltanaz, Defensor del Pueblo de Villa La Angostura. El funcionario relató el caso de un jubilado diagnosticado con cáncer de pulmón que tuvo dificultades para acceder al tratamiento indicado por sus médicos y necesitó recurrir a distintas instituciones para conseguirlo.

“Para que un jubilado recibiera el tratamiento oncológico que le dictó su médico hicieron falta dos defensorías del pueblo, un defensor público federal, un juez federal y una amenaza de sanción económica al Estado”, señaló Baltanaz. El funcionario también advirtió sobre la cantidad de casos que nunca llegan a las instancias judiciales: “Por cada caso que llega a la Defensoría hay decenas que no van a llegar, y en algunos diagnósticos el tiempo no se recupera”.

El testimonio expuso una de las principales preocupaciones de las organizaciones que representan a los adultos mayores: que el acceso a una prestación sanitaria indispensable termine dependiendo de la posibilidad de iniciar un reclamo administrativo o judicial. En enfermedades de tratamiento prolongado o de evolución rápida, las demoras pueden tener consecuencias especialmente graves.

El origen del conflicto se encuentra en los cambios implementados en el esquema de cobertura de medicamentos de PAMI. En mayo de 2025, la Justicia ordenó restituir en Córdoba el programa Vivir Mejor, que establecía la cobertura automática del 100 por ciento de determinados medicamentos para los afiliados que cumplían con los requisitos establecidos. En octubre de ese mismo año, la resolución fue extendida al resto del país.

Sin embargo, los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente, quienes llevan adelante la causa junto con organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sostienen que la restitución de la cobertura no se concretó. Las apelaciones y presentaciones posteriores prolongaron el conflicto mientras continúan los reclamos de jubilados que aseguran haber encontrado obstáculos para obtener sus tratamientos.

La disputa también derivó en una denuncia penal contra el entonces director de PAMI en Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, y contra el director nacional del organismo, Esteban Leguizamo. Este último fue imputado y citado a declarar en una causa que investiga presuntos delitos de desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De acuerdo con la denuncia, ambos funcionarios son investigados por su eventual responsabilidad en esos hechos. La declaración de Leguizamo fue fijada para el 5 de mayo de este año, después de varias suspensiones, según explicó Carlos Vicente. Desde PAMI, en tanto, desmintieron las versiones que indicaban una posible renuncia del funcionario, aunque no brindaron precisiones sobre el estado de cumplimiento de la resolución judicial ni sobre la situación procesal del director nacional.

A la discusión judicial se suma el impacto económico que representa la compra de medicamentos para los jubilados. Según datos oficiales citados durante la reunión parlamentaria, alrededor de 2,2 millones de afiliados de PAMI quedaron fuera de la cobertura del 100 por ciento que alcanzaba a determinados medicamentos. De ese universo, aproximadamente 1,6 millones consumían regularmente esos productos.

El aumento de los precios profundizó todavía más las dificultades. Federico de Marziani, director del Centro de Estudios Políticos para las Personas Mayores, señaló que algunos medicamentos de uso frecuente entre los jubilados, especialmente aquellos vinculados con tratamientos circulatorios, registraron incrementos de hasta el 900 por ciento desde el comienzo de la actual gestión. Como ejemplo, mencionó productos cuyo precio pasó de alrededor de 11.500 pesos a 115.000 pesos.

La situación también alcanza a otros medicamentos de uso habitual. Según los datos expuestos, algunos antibióticos acumularon aumentos de hasta el 636 por ciento, al pasar de aproximadamente 4.478 pesos a unos 33.000 pesos. Para una persona que depende de una jubilación, esos incrementos pueden transformar una compra habitual en un gasto difícil de afrontar.

El problema adquiere mayor dimensión cuando se compara el costo de los medicamentos con los ingresos previsionales. La última canasta básica elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires había calculado que, durante marzo, una persona jubilada necesitaba al menos 500.000 pesos mensuales para afrontar sus gastos en medicamentos.

La cifra resulta especialmente significativa frente a los ingresos de los jubilados que perciben el haber mínimo. En agosto, con el bono incluido, ese ingreso alcanza los 489.000 pesos, un monto que queda por debajo del costo estimado de la canasta de medicamentos. La diferencia obliga a muchos adultos mayores a reorganizar sus gastos y, en algunos casos, elegir entre medicamentos y otras necesidades básicas.

La crisis tampoco se limita al acceso a los remedios. Prestadores privados que trabajan con PAMI también denunciaron un deterioro de los valores que reciben por las prestaciones y advirtieron que esa situación comienza a repercutir directamente sobre la atención de los afiliados.

Andrés Sabalette, representante de un grupo de clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut, aseguró ante la Cámara de Diputados que la atención de unos 300.000 jubilados se encuentra en riesgo. Según explicó, existe un fuerte atraso en los valores abonados por PAMI y las prestaciones dejaron de alcanzar para cubrir los costos de funcionamiento.

El representante de los prestadores sostuvo que, tomando como referencia la inflación, el atraso acumulado ronda el 80 por ciento en los últimos dos años y medio. Como consecuencia, algunas instituciones debieron restringir o suspender servicios, entre ellos internaciones y cirugías.

“Hoy tenemos una seria limitación de los servicios. Una parte importante están siendo canalizados al sector público que se encuentra saturado, además de no tener la complejidad que tienen en otros lugares”, advirtió Sabalette.

El impacto también alcanza a las propias clínicas y sanatorios. En algunos establecimientos, aproximadamente el 40 por ciento de la actividad corresponde a pacientes de PAMI. Una reducción de las prestaciones no solo perjudica a los jubilados que necesitan atención, sino que también puede comprometer la estabilidad económica de instituciones que dependen en gran medida de los ingresos provenientes del organismo.

El escenario suma otro elemento de preocupación cuando se observan las cifras presupuestarias. De acuerdo con información oficial de transparencia citada en el informe, PAMI cuenta con un presupuesto destinado a prestaciones farmacéuticas de aproximadamente 2,2 billones de pesos, unos 318.000 millones menos que el monto vigente durante 2025, que rondaba los 2,5 billones.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cuestionaron duramente la situación y consideraron especialmente grave que una decisión judicial relacionada con el acceso a la salud de los jubilados pueda permanecer sin cumplimiento efectivo durante un período prolongado.

La problemática también es planteada por organizaciones de jubilados que participan de movilizaciones y reclamos. Ana Valverde, integrante de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, relató ante la Comisión de Personas Mayores el caso de una mujer que participaba de las protestas y que, luego de ser diagnosticada con cáncer, necesitó ayuda de otros jubilados para afrontar los gastos vinculados con su tratamiento.

“Ella murió el año pasado”, contó Valverde, quien sintetizó el reclamo de quienes participan de las movilizaciones con una frase contundente: “Nosotros tenemos unos pocos años más para vivir, pero no queremos vivirlos con recursos de amparo”.

Detrás de los reclamos por medicamentos, tratamientos y prestaciones aparece una discusión más amplia sobre el acceso efectivo a la salud durante la vejez. Para las organizaciones que representan a los jubilados, el problema no debería depender de la posibilidad económica o de los conocimientos necesarios para iniciar una demanda, conseguir asesoramiento legal o recurrir a una defensoría.

La controversia adquiere una dimensión todavía mayor debido a que existe una resolución judicial que ordenó restituir una cobertura y, quince meses después, continúan las denuncias sobre dificultades para acceder a esos beneficios. Mientras el conflicto permanece atravesado por apelaciones, investigaciones y discusiones presupuestarias, los jubilados deben enfrentar una realidad concreta: medicamentos cada vez más costosos, tratamientos que pueden demorarse y prestaciones médicas que comienzan a verse restringidas.

El reclamo, en definitiva, excede una discusión administrativa entre un organismo y sus afiliados. Para miles de adultos mayores, la posibilidad de acceder a un medicamento o continuar un tratamiento representa una necesidad inmediata. En ese contexto, que una persona deba recurrir a la Justicia para obtener una prestación sanitaria esencial vuelve a poner en debate las condiciones en las que los jubilados atraviesan su vejez y el cumplimiento efectivo de su derecho a recibir atención médica.