El Gobierno de Javier Milei volvió a quedar bajo la lupa por el manejo de fondos públicos. Una denuncia penal presentada por la diputada Marcela Pagano sostiene que recursos destinados específicamente al mantenimiento y reparación de las rutas nacionales habrían sido liberados de manera discrecional a distintas provincias en momentos coincidentes con votaciones decisivas para el oficialismo en el Congreso.

La acusación plantea un interrogante de fuerte impacto político y judicial: si los desembolsos aumentaron significativamente alrededor de determinadas sesiones parlamentarias, la Justicia deberá determinar si existió una estrategia deliberada para utilizar recursos públicos como herramienta de negociación con gobernadores y legisladores.

Según la presentación, Pagano analizó 38 fechas de votaciones correspondientes a un período de 29 meses y detectó que los desembolsos del Sistema Vial Integrado habrían aumentado entre un 350 y un 400 por ciento alrededor de determinadas jornadas legislativas.

De acuerdo con la reconstrucción incluida en la denuncia, el Ministerio de Economía habría transferido 68.042 millones de pesos a distintas provincias durante períodos considerados sensibles por su relación temporal con votaciones en el Congreso.

Entre las provincias mencionadas aparecen Jujuy, Misiones, Tucumán, Santa Cruz, Salta, Catamarca y Córdoba. Varias de ellas cuentan con legisladores que en diferentes oportunidades acompañaron proyectos impulsados por el Gobierno o adoptaron posiciones que resultaron determinantes para que el oficialismo pudiera conseguir mayorías.

El origen de los fondos constituye uno de los puntos centrales de la denuncia. El Sistema Vial Integrado se financia mediante recursos vinculados al Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tributo que pagan los ciudadanos y las empresas cada vez que cargan combustible.

Esos recursos tienen un destino específico relacionado con la infraestructura vial. Por eso, la eventual utilización de ese dinero con una finalidad diferente a la prevista legalmente podría generar responsabilidades administrativas y penales, algo que precisamente deberá determinar la investigación judicial.

El planteo adquiere mayor relevancia en un contexto de fuerte deterioro de numerosas rutas nacionales. Mientras transportistas, productores y usuarios reclaman obras y mantenimiento, la denuncia sostiene que una parte de los recursos destinados a ese objetivo habría permanecido inmovilizada y luego sido desembolsada en momentos de particular importancia para la agenda legislativa del Gobierno.

Pagano sostiene que durante los primeros meses de la administración de Milei los recursos viales permanecieron prácticamente paralizados y que posteriormente comenzaron a registrarse desembolsos coincidentes con determinadas votaciones.

Entre los ejemplos incorporados a la presentación aparecen 17.139 millones de pesos alrededor de la votación de la reforma laboral, 12.551 millones durante el debate de la Ley de Glaciares y otros 14.096 millones vinculados temporalmente con las discusiones sobre la denominada ley Hojarasca y las zonas frías.

De acuerdo con el relevamiento, esas tres votaciones concentraron 33.786 millones de pesos, equivalentes al 52,7 por ciento de todo lo pagado durante cinco meses del período analizado.

La denuncia también incluye otros momentos decisivos de la actividad parlamentaria. En torno a la Ley Bases se registraron desembolsos por 11.275 millones de pesos; alrededor del decreto relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, otros 6.596 millones; y durante la discusión por Ficha Limpia, 7.895 millones.

Otro de los puntos mencionados corresponde a las votaciones de los vetos presidenciales a las leyes vinculadas con el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Según la presentación, alrededor de esas jornadas se movilizaron 20.983 millones de pesos.

La coincidencia temporal resulta especialmente relevante porque en varias de esas votaciones el oficialismo necesitó negociar intensamente con gobernadores y bloques provinciales para conseguir los votos que le permitieran aprobar sus iniciativas o sostener decisiones presidenciales.

Pagano sostuvo en una publicación en la red social X: “Voy a contarles por qué el Gobierno pudo sacar leyes de manera exprés: los aliados recibieron plata a cambio. Cada voto se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, inmoral e ilegítima…”.

La diputada también apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al cuestionar la administración de esos recursos. “Por ley, esos fondos solo pueden usarse para hacer rutas. ¿Qué hizo Milei? Los repartió a los que votaban leyes usando como cajero el Banco Nación”, afirmó.

La denuncia sostiene además que los desembolsos podían acelerarse alrededor de las sesiones parlamentarias y que la liberación de recursos habría funcionado como una herramienta de negociación con los gobiernos provinciales.

Uno de los casos señalados es el de Jujuy. Según la presentación, esa provincia habría recibido 11.987 millones de pesos mediante la empresa vinculada con la ruta nacional 34 y el 97,5 por ciento de ese monto habría sido cobrado durante jornadas cercanas a votaciones.

Misiones también aparece entre las provincias que recibieron mayores desembolsos, con 13.493 millones de pesos canalizados a través de una unión transitoria de empresas vinculada con la ruta nacional 105. Tucumán, por su parte, habría recibido 2.322 millones mediante su Dirección Provincial de Vialidad.

El análisis presentado por Pagano sostiene que, si se consideran los tres días que rodean cada votación, es decir, la jornada anterior, el día de la sesión y el posterior, 68.042 millones de pesos de un total de 210.983 millones recibidos por 13 provincias se concentraron en esas fechas.

Cuando el período se amplía a tres días antes y tres días después de cada votación, la cifra denunciada asciende a 94.929 millones de pesos. Según la diputada, ese monto representa el 45 por ciento de todo lo pagado durante las 38 fechas parlamentarias analizadas.

El expediente también deberá determinar si los desembolsos estuvieron respaldados por obras efectivamente realizadas y certificaciones correspondientes. La existencia de una coincidencia temporal entre transferencias y votaciones, por sí sola, no demuestra que los recursos hayan sido utilizados para comprar voluntades políticas.

En paralelo, otra denuncia presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz puso el foco en el nivel de ejecución de los recursos destinados al sistema vial y cuestionó que una parte significativa del dinero recaudado para infraestructura no se haya traducido en obras concretas.

El planteo adquiere particular importancia debido al estado de numerosas rutas nacionales. La falta de mantenimiento generó reclamos de provincias, municipios, trabajadores viales, transportistas y usuarios, que advierten sobre el deterioro de las calzadas, banquinas, señalización y otras condiciones de seguridad.

Pagano sostuvo que el mecanismo denunciado no debería confundirse con la distribución ordinaria de recursos entre la Nación y las provincias. “Esto no es coparticipación, es un fondo fiduciario creado en 2001 que se alimenta de un impuesto que se paga cada vez que alguien carga combustible”, explicó.

La diputada también cuestionó que los fondos puedan permanecer sin ser transferidos durante largos períodos y sostuvo que existen plazos establecidos para su utilización contra certificados de obra.

A partir de esos elementos, la denuncia solicita investigar la posible comisión de delitos como malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Justicia deberá establecer si efectivamente existió un mecanismo político detrás de las transferencias o si las coincidencias responden a razones administrativas, presupuestarias o vinculadas con la ejecución de obras.

La causa quedó radicada en el juzgado federal de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Franco Picardi. Será la investigación judicial la que deberá reconstruir el circuito de los fondos, determinar quién ordenó los desembolsos, verificar las obras y certificaciones y establecer si existió alguna relación entre las transferencias y las negociaciones parlamentarias.

Por el momento, las acusaciones formuladas por Pagano y Tolosa Paz son denuncias que deberán ser probadas. La coincidencia entre fechas de transferencias y votaciones no constituye, por sí misma, evidencia suficiente de que haya existido un intercambio de dinero por votos.

Sin embargo, el caso abre un nuevo frente de conflicto para un Gobierno que convirtió el equilibrio fiscal y la austeridad en dos de sus principales banderas. La eventual utilización de fondos de destino específico para objetivos diferentes a los establecidos por ley podría entrar en contradicción con el discurso oficial sobre la necesidad de administrar cada peso del Estado con máxima rigurosidad.

La discusión también excede la pelea entre oficialismo y oposición. Si la investigación determinara que recursos recaudados para mantener rutas fueron utilizados como herramienta de negociación política, el impacto alcanzaría directamente a los ciudadanos que pagan el impuesto a los combustibles y esperan que ese dinero se transforme en infraestructura.

Mientras la Justicia comienza a analizar la denuncia, queda planteada una pregunta que puede convertirse en uno de los nuevos focos de tensión política para la administración de Milei: ¿los fondos destinados a las rutas fueron distribuidos según las necesidades de infraestructura o liberados estratégicamente para conseguir respaldo político en el Congreso?

La respuesta dependerá de la documentación y de las pruebas que surjan durante la investigación. Pero el interrogante ya quedó instalado y vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos por parte del Gobierno nacional.