En medio de la fiebre mundialista y con Argentina otra vez en la final, el Gobierno buscará este jueves avanzar en el Senado con un proyecto de enorme impacto económico, territorial y político: la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa, presentada bajo el discurso de la defensa irrestricta de la propiedad privada, elimina límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, habilita desalojos exprés, modifica la Ley de Manejo del Fuego y endurece las condiciones para futuras expropiaciones.

El oficialismo llega a la sesión con el camino prácticamente allanado después de tres meses de negociaciones. Además del apoyo de sus aliados del PRO y sectores de la Unión Cívica Radical, varios bloques provinciales estarían dispuestos a acompañar la iniciativa luego de que el Gobierno incorporara cambios para darles a las provincias la potestad de autorizar o rechazar determinadas operaciones de venta.

La sesión fue convocada para las 12 y será la última antes del receso de invierno. Además del proyecto sobre propiedad privada, la Cámara alta tratará 36 pliegos judiciales, entre ellos el del juez Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Pesino está próximo a cumplir 75 años y necesita el acuerdo del Senado para continuar otros cinco años en el cargo. Su nombre no pasa inadvertido para el mundo sindical: fue uno de los camaristas que dejó sin efecto la cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo y habilitó la aplicación de buena parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es mucho más que una ley sobre dominio de bienes. Detrás de ese título, el Gobierno impulsa una redefinición profunda del régimen de tierras en la Argentina, con efectos directos sobre territorios rurales, zonas con recursos estratégicos, áreas afectadas por incendios y conflictos por ocupación de inmuebles.

Uno de los puntos más sensibles es la eliminación de restricciones para la compra de tierras rurales por parte de empresarios o inversores extranjeros. La ley vigente no prohíbe esas operaciones, pero establece un límite del 15 por ciento sobre el total de la superficie rural del país.

Según datos del Observatorio de Tierras, actualmente los capitales extranjeros poseen alrededor del 5 por ciento de las tierras rurales, unas 13 millones de hectáreas. Es decir que, con la normativa vigente, todavía podrían adquirir cerca de 26 millones de hectáreas más. La reforma del Gobierno elimina esos topes y abre la posibilidad de una mayor concentración extranjera, incluso en departamentos donde la extranjerización ya supera el 40 o el 50 por ciento.

Para la oposición, el capítulo sobre tierras rurales es el punto más grave del proyecto porque pone en discusión no solo la propiedad privada, sino también la soberanía sobre recursos estratégicos.

“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas”, sostuvo el senador Wado de Pedro.

El peronismo trabajó durante los últimos días para intentar bloquear, al menos, el artículo vinculado con la extranjerización de la tierra. Al cierre de las negociaciones, todavía no había reunido los votos necesarios, aunque en el bloque aseguraban estar cerca de conseguirlos.

La versión final del dictamen que circuló después del partido entre Argentina e Inglaterra llevaba el número 15, una señal de las modificaciones que el texto siguió recibiendo incluso después de haber salido de comisiones.

Además del capítulo sobre tierras rurales, el proyecto modifica el régimen de expropiaciones. La propuesta restringe el concepto de utilidad pública y eleva los montos indemnizatorios, lo que podría dificultar que futuros gobiernos recuperen activos estratégicos.

Con una normativa de estas características, procesos como la expropiación del 51 por ciento de YPF en 2012 habrían sido mucho más complejos. Aquella decisión permitió al Estado recuperar el control de la compañía y avanzar en el desarrollo de Vaca Muerta.

Otro punto de fuerte controversia es la habilitación de desalojos exprés. El proyecto permite que un juez ordene la restitución inmediata de un inmueble sin esperar una sentencia definitiva, lo que podría acelerar conflictos habitacionales, territoriales o sociales sin una resolución judicial de fondo.

La iniciativa también modifica la Ley de Manejo del Fuego al eliminar restricciones para cambiar el destino de tierras incendiadas. Esa decisión abre la puerta a la especulación inmobiliaria sobre zonas arrasadas por incendios, una preocupación que ya había sido señalada por organizaciones ambientales y sectores opositores.

En paralelo al debate por la ley de propiedad privada, el Senado tratará 36 pliegos judiciales. Entre ellos figura el de Víctor Pesino, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que debe obtener un nuevo acuerdo para continuar en funciones por cinco años más.

En la Casa Rosada tienen motivos para impulsar su continuidad. Pesino fue uno de los camaristas que, junto con la jueza Dora Martínez, revocó el fallo de primera instancia del juez Horacio Ojeda, que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la reforma laboral.

El magistrado también intervino la Unión Obrera Metalúrgica y desplazó a su secretario general, Abel Furlán, junto con el resto de la conducción nacional del gremio.

La sesión de este jueves, por lo tanto, combina dos debates de alto voltaje. Por un lado, un proyecto que puede modificar de manera estructural el régimen de tierras, desalojos, expropiaciones e incendios. Por otro, una serie de pliegos judiciales con impacto directo en el equilibrio del Poder Judicial.

El Gobierno intentará mostrar la iniciativa como una herramienta para proteger la propiedad privada y dar seguridad jurídica. Sin embargo, desde la oposición advierten que detrás de ese discurso se esconde una reforma profunda, con consecuencias sobre la soberanía territorial, los recursos naturales, la capacidad del Estado para intervenir y la protección de comunidades frente a desalojos acelerados.

Mientras el país mira de reojo la final del Mundial, el oficialismo buscará avanzar con una ley que puede marcar un antes y un después en la relación entre propiedad privada, extranjerización de tierras, intereses económicos y poder estatal.

La discusión no se agota en el Senado ni en la coyuntura legislativa. Lo que se debate es mucho más amplio: quién puede comprar tierra en la Argentina, qué límites tendrá el capital extranjero, cómo actuará el Estado frente a incendios, ocupaciones o expropiaciones, y hasta dónde llegará la capacidad pública para defender bienes considerados estratégicos.

Por eso, la sesión aparece como una de las más sensibles del año parlamentario. En un clima político atravesado por el Mundial, el Gobierno buscará dar un paso clave en una agenda que reordena poder económico, territorio y justicia bajo una misma consigna: propiedad privada sin límites.