En medio de una morosidad récord que golpea a millones de hogares, el Gobierno de Javier Milei volvió a elegir el camino de responsabilizar a la población por una crisis que tiene causas económicas mucho más profundas: caída de salarios, pérdida de empleo formal, desregulación financiera, endeudamiento para cubrir gastos básicos y tasas de interés que asfixian a las familias.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que “las personas deben saber hasta dónde pueden tomar créditos” porque no se puede “llevar la tarjeta al límite y después quedar apretado”. La frase, lejos de reconocer el impacto del ajuste sobre la economía cotidiana, desplazó la responsabilidad hacia quienes sufren las consecuencias del deterioro de sus ingresos.

La explicación oficial generó fuertes cuestionamientos entre especialistas, que señalan exactamente lo contrario: la morosidad no crece por una supuesta falta de educación financiera de las familias, sino porque cada vez más hogares se ven obligados a endeudarse para pagar alimentos, tarifas, medicamentos, alquileres y gastos corrientes.

El tema viene siendo advertido desde hace meses por economistas y entidades del sistema financiero. Los niveles de incumplimiento alcanzaron máximos en más de dos décadas. Según datos del Banco Central, los préstamos personales registran una irregularidad del 15 por ciento y las tarjetas de crédito del 11 por ciento, los peores indicadores del sistema bancario.

Entre los proveedores no financieros, el cuadro es todavía más grave. La mora llega al 26 por ciento en billeteras virtuales, al 48 por ciento en cadenas de electrodomésticos y al 58 por ciento en casas de “efectivo ya”. Son cifras que muestran un deterioro extendido y que afectan especialmente a los sectores con menores ingresos y menor acceso al crédito bancario tradicional.

Pese a ese escenario, el Gobierno atribuyó el problema a un supuesto mal manejo individual de las familias. La lectura oficial omite que, bajo el actual programa económico, el crédito dejó de financiar proyectos de consumo o inversión para transformarse en una herramienta de supervivencia.

En muchos hogares, la tarjeta ya no se usa para comprar bienes durables o financiar gastos extraordinarios, sino para llegar a fin de mes. La expansión del financiamiento, en ese contexto, no expresa una mejora de la economía, sino una señal de emergencia social.

Ravier intentó vincular el aumento de la morosidad con una supuesta recuperación del crédito. “Cuando una economía recupera el crédito, es normal que aparezca la morosidad”, sostuvo. Sin embargo, el argumento choca con la magnitud del fenómeno: difícilmente pueda considerarse “normal” que el incumplimiento de pagos alcance los niveles más altos de los últimos veinte años.

El vocero también extendió la responsabilidad a los bancos, al señalar que habrían perdido capacidad para evaluar el riesgo crediticio después de años de baja actividad financiera. De esa manera, el Gobierno volvió a presentar el problema como algo ajeno a sus propias decisiones económicas.

No es la primera vez que Ravier responsabiliza a la población por los efectos del ajuste. Días atrás había sugerido que, frente al aumento de las tarifas de gas, las familias debían “abrigarse” antes que encender la calefacción. Ahora, frente al crecimiento del endeudamiento, volvió a colocar el peso de la crisis sobre quienes la padecen.

Para la economista Delfina Rossi, el Ejecutivo “insiste en responsabilizar a las familias por un problema que es estructural”. Según explicó, “el crédito funcionó como un placebo frente a la crisis de ingresos y empleo, pero cuando esa crisis se vuelve permanente ya no hay puente financiero que resista”.

Rossi también relativizó la idea de que el endeudamiento dependa únicamente de decisiones individuales. “Es muy difícil para las familias escapar de los algoritmos de las fintech y de los mecanismos que incentivan el crédito”, advirtió.

La socióloga Luci Cavallero, de Movida Ciudad, sostuvo que el Gobierno “se ve obligado a hablar del endeudamiento porque el crecimiento de la mora puso en crisis el relato oficial sobre una mejora en la vida cotidiana”.

Para Cavallero, la estrategia de atribuir el problema a una supuesta falta de educación financiera busca desplazar responsabilidades políticas y económicas. “No hay una incapacidad para administrar la economía doméstica, sino un problema estructural que empuja a las familias a endeudarse”, afirmó.

En esa línea, planteó la necesidad de “politizar el problema del endeudamiento” y discutir sus causas reales, en lugar de culpar a quienes quedan atrapados en créditos cada vez más caros.

El economista Martín Burgos, del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, remarcó que el aumento de la morosidad no puede explicarse solo por la pérdida de ingresos. Según sostuvo, “el problema también es el fuerte aumento de las tasas de interés, que quedaron muy por encima de la inflación tras la desregulación financiera”.

Burgos cuestionó además la falta de respuestas oficiales. “El Gobierno no se hace cargo de la situación y bloquea las iniciativas en el Congreso que buscan darle una salida”, señaló.

La economista Lucía Cirmi Obón, de Paridad en la Macro, también rechazó la explicación del Ejecutivo. Recordó que, apenas asumido el Gobierno, se eliminó el tope legal a los intereses punitorios de las tarjetas de crédito, mientras el salario mínimo perdió cerca del 40 por ciento de su poder adquisitivo.

En ese mismo período, la morosidad de las familias pasó del 2 al 12 por ciento en los créditos bancarios y del 8 al 27 por ciento en las billeteras virtuales. “La explicación oficial implicaría creer que todos se volvieron tontos el mismo día, justo durante los dos años de gobierno de Javier Milei”, expresó.

Para Sergio Chouza, director de la consultora Sarandí, el aumento de la morosidad responde a una combinación de factores. En primer lugar, señaló que las tasas de interés “quedaron muy por encima de la inflación, del dólar y de los salarios, con costos financieros superiores al 100 por ciento tanto en bancos como en fintechs”.

En segundo término, explicó que muchas familias comenzaron a reemplazar parte de sus ingresos por crédito para sostener el consumo, ya que una porción cada vez mayor del salario se destina a gastos fijos como tarifas, transporte, alquileres y servicios esenciales.

Por último, advirtió sobre la agresiva estrategia comercial de las entidades financieras, especialmente de las fintechs, donde “tomar un crédito está al alcance de cualquiera con solo tener un celular”, en un mercado altamente desregulado y con tasas muy elevadas.

El crecimiento de la morosidad muestra una cara concreta del ajuste que el Gobierno intenta minimizar. Mientras la Casa Rosada habla de orden macroeconómico y recuperación del crédito, millones de familias acumulan deudas para sostener gastos básicos y enfrentan intereses que vuelven cada vez más difícil salir del circuito financiero.

El problema no es que la población “lleve la tarjeta al límite”, como sugirió Ravier. El problema es que el salario no alcanza, el empleo formal se debilita, las tarifas pesan cada vez más en los hogares y el sistema financiero encuentra en esa fragilidad una oportunidad de negocio.

En lugar de reconocer esa realidad, el Gobierno eligió culpar a los deudores. Una respuesta que no solo desconoce el deterioro de la vida cotidiana, sino que confirma una mirada política: para la administración Milei, incluso cuando el ajuste empuja a las familias al endeudamiento, la responsabilidad sigue siendo de quienes ya no tienen margen para resistir.

La morosidad récord expone una contradicción cada vez más difícil de ocultar. El Gobierno habla de recuperación, pero una parte creciente de la sociedad financia con crédito lo que antes pagaba con ingresos. Y cuando ese crédito se vuelve impagable, la explicación oficial no apunta al modelo económico, sino a las familias que quedaron atrapadas en la deuda.

Así, el sobreendeudamiento se transforma en otro síntoma del deterioro social. No se trata solo de números del sistema financiero: detrás de cada atraso hay hogares que postergan consumos básicos, trabajadores que estiran tarjetas para llegar a fin de mes y familias que enfrentan intereses imposibles en un contexto de salarios debilitados y empleo cada vez más precario.