La opacidad en el manejo de la pauta publicitaria de YPF llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Chequeado decidió presentar un recurso extraordinario para reclamar que la petrolera informe cómo distribuye sus fondos de publicidad entre medios, redes sociales y agencias, después de haber recibido dos fallos adversos en la Justicia.

PERFIL, por su parte, pedirá sumarse a la causa como *amicus curiae*, a partir del antecedente judicial que obligó a Aerolíneas Argentinas a transparentar el reparto de su pauta.

El caso vuelve a poner bajo la lupa una de las cajas más sensibles del Gobierno libertario. Mientras Javier Milei repite que eliminó la publicidad oficial, la suspensión alcanzó a la Administración Central, pero no a organismos descentralizados, empresas públicas o compañías con mayoría estatal, como YPF.

En ese terreno menos visible, la pauta sigue existiendo y, según denuncian distintos actores del sector, continúa funcionando como una herramienta capaz de premiar medios afines y castigar voces críticas.

El pedido de Chequeado comenzó en septiembre de 2024, cuando el medio solicitó a YPF el detalle de los medios, redes sociales y agencias que habían recibido fondos publicitarios. La empresa conducida por Horacio Marín rechazó el requerimiento con el argumento de que, al ser una sociedad anónima, no está alcanzada por la Ley Nacional número 27.275 de Acceso a la Información Pública.

Esa respuesta abrió una disputa judicial que ahora puede convertirse en un caso testigo sobre los límites de la transparencia en las empresas con participación estatal.

La Agencia de Acceso a la Información Pública le dio la razón a Chequeado y ordenó a la compañía entregar los datos. Sin embargo, YPF volvió a negarse.

Ante esa resistencia, el medio presentó en junio de 2025 una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, con el patrocinio de Poder Ciudadano, bajo el argumento de que el deber de transparencia también alcanza a empresas con participación estatal que administran recursos de interés público.

El planteo fue rechazado en diciembre de 2025 y luego ratificado en mayo de 2026 por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Por ese motivo, Chequeado decidió avanzar con un recurso extraordinario para que el expediente llegue a la Corte Suprema.

Ahora, la Cámara deberá resolver si concede o no esa vía. Si el caso llega al máximo tribunal, se abrirá la posibilidad de que terceros especializados intervengan como *amicus curiae*.

En ese marco, PERFIL pedirá acompañar el reclamo por acceso a la información. El grupo cuenta con un antecedente directo: en marzo de 2025, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de Editorial Perfil en una causa contra Aerolíneas Argentinas, que tuvo que entregar el listado de quienes habían recibido pauta publicitaria.

Desde entonces, la empresa publica esa información en su página web.

La discusión no se limita a un pedido puntual sobre YPF. En el fondo, el expediente pone en debate si las empresas con participación estatal pueden esconderse detrás de su forma societaria para evitar rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos.

“Lo que está en juego trasciende un pedido específico. Se trata de establecer si las empresas con participación estatal pueden escudarse en su forma societaria para evitar rendir cuentas sobre el uso de recursos”, escribió Franco Piccato, director ejecutivo de Chequeado.

Piccato también advirtió sobre el impacto institucional de la negativa de la petrolera. “YPF distribuye recursos publicitarios de interés público, cumple funciones de interés general y opera bajo jurisdicción del Ejecutivo Nacional. Por ello, su negativa erosiona el control democrático que los ciudadanos deben ejercer sobre quienes administran sus recursos”, sostuvo.

La falta de información no aparece como un caso aislado. En marzo de 2026, el Banco Nación rechazó un pedido similar presentado por Chequeado para conocer dónde invertía su pauta publicitaria.

En septiembre de 2024, ante un requerimiento de PERFIL, la entidad sólo informó los montos totales invertidos, pero no detalló qué medios, productoras o agencias fueron beneficiados.

El patrón se repite: el Gobierno dice haber terminado con la pauta, pero cuando se piden datos concretos, la información se niega, se recorta o se oculta.

Para el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del Centro de Investigación en Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes, Agustín Espada, la causa puede marcar un precedente decisivo.

“Es una acción que puede representar un antes y un después en materia de transparencia del dinero público ligado a los medios de comunicación. Ningún gobierno informó alguna vez los destinos de la inversión publicitaria de YPF a pesar de ser un actor muy relevante en el mercado publicitario. Es una caja muy opaca y difícil de auditar”, aseguró.

Los números explican por qué la pelea por la información es central. Según Espada, en 2025 YPF invirtió 128 mil millones de pesos en publicidad, un 31 por ciento más que en 2024.

La cifra ubica a la petrolera entre los grandes jugadores del mercado publicitario. En el mismo período, el Banco Nación destinó 54.754 millones de pesos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 125.866 millones y la provincia de Buenos Aires 86.644 millones.

En la gestión libertaria, el manejo de la comunicación de YPF también está atravesado por nombres propios vinculados al poder político. Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de la petrolera, es el encargado de distribuir la pauta de la empresa.

Además, Garat es socio del asesor presidencial Santiago Caputo en Move Group, la consultora que ambos fundaron en 2018.

Otro dato alimenta las sospechas sobre la relevancia política de esa estructura. Fabián Fernández, designado como nuevo secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, se desempeñó hasta hace pocos días en la órbita de Garat como director de Medios, Prensa y Alianzas Estratégicas de YPF.

“Su designación es un síntoma de la relevancia que tienen YPF y Santiago Caputo en la comunicación gubernamental y expone el manejo político de esos fondos”, reflexionó Espada.

La causa también tuvo un episodio sensible en el plano judicial. En marzo, Chequeado pidió la nulidad absoluta del dictamen emitido por el fiscal federal ante la Cámara, Rodrigo Cuesta, que aconsejaba confirmar la sentencia de primera instancia favorable a YPF.

El medio argumentó que el funcionario carecía de objetividad e imparcialidad porque se desempeñó como director y vicepresidente de Asuntos Legales de la petrolera entre junio de 2012 y diciembre de 2015.

Chequeado recordó además que el propio Cuesta se había excusado de intervenir en una causa similar, conocida como Caso Zenarruza, vinculada con la publicación de un contrato entre YPF y la empresa española Repsol.

En otras palabras, el medio reclamó coherencia de criterio. La Cámara tomó nota del planteo y no consideró el dictamen del fiscal, aunque finalmente volvió a fallar a favor de la petrolera.

Ahora, el expediente queda ante una instancia decisiva. Si la Cámara habilita el recurso extraordinario y la causa llega a la Corte Suprema, el máximo tribunal deberá definir si YPF puede seguir negándose a informar cómo distribuye su pauta publicitaria.

La discusión será si, por su peso estratégico, su participación estatal y el interés público de los recursos que administra, la petrolera debe rendir cuentas ante la sociedad.

El caso expone una contradicción central del relato libertario. Mientras el Gobierno asegura que terminó con la publicidad oficial, una empresa bajo influencia estatal invirtió cifras millonarias en pauta sin informar de manera transparente quiénes fueron los beneficiarios.

Detrás del discurso de austeridad aparece, otra vez, una zona de privilegio manejada con secretismo.

La discusión excede a YPF, a Chequeado y a PERFIL. Lo que está en juego es si los fondos públicos pueden seguir utilizándose sin control ciudadano en un mercado tan sensible como el de los medios de comunicación.

Si la Corte acepta intervenir, tendrá la oportunidad de fijar un límite concreto a una práctica que distintos gobiernos utilizaron para disciplinar, premiar y castigar, pero que el mileísmo prometió terminar mientras mantiene bajo llave una de sus cajas más opacas.