La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no alcanzó para apagar el escándalo que lo persigue en la Justicia. Lejos de cerrar la crisis, el primer día hábil fuera del Gobierno dejó al exvocero todavía más expuesto: se filtró un audio en el que le ofrecía “soporte” al contratista Matías Tabar antes de declarar y una funcionaria confirmó que usó su tarjeta de crédito para cubrir gastos personales del exfuncionario.

El caso vuelve a golpear de lleno sobre el relato de transparencia que el Gobierno intentó sostener durante meses, mientras defendía a un funcionario que acumulaba sospechas sobre su patrimonio, sus gastos y la forma en que habría intentado ocultar consumos millonarios.

La nueva revelación complica aún más a Adorni porque ya no se trata sólo de chats o versiones cruzadas. En el audio difundido, se escucha al propio exjefe de Gabinete dirigirse a Tabar, el contratista que realizó la remodelación de su casa en el country Indio Cuá y que declaró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por esos trabajos.

“Mati, querido, qué hacés, escuchame. Yo te tengo que hablar hace como diez, quince días. Este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo”, dice Adorni en el comienzo del mensaje, en referencia a la fecha en la que el contratista debía declarar.

Luego aparece el tramo más comprometedor: “Nada, obviamente, te voy a dar todo el soporte que necesites, despreocupate, como hice con todos, eso está de más decírtelo, pero contás con todo, todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero para que vos te quedes tranquilo y que todos nos quedemos tranquilos”.

La frase “como hice con todos” abrió una nueva línea de sospecha sobre el comportamiento del exfuncionario frente a los testigos que pasaron por la causa. El mensaje sugiere que Adorni no sólo estaba al tanto del avance judicial, sino que además buscaba intervenir en el escenario previo a las declaraciones.

El audio contradice una de las defensas que el exvocero repitió durante semanas, cuando aseguraba que no quería interferir en la investigación y que dejaría actuar a la Justicia. La grabación, en cambio, lo muestra ofreciendo ayuda a una persona que debía declarar en una causa que lo involucraba directamente.

Antes de Tabar ya habían declarado la escribana Natalia Nechevenko; las mujeres vinculadas a los préstamos para la compra de la propiedad en Indio Cuá, Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio; y las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes le vendieron el departamento de la calle Miró al 500.

La situación se volvió todavía más llamativa por el cierre del mismo audio. Después de hablar del testimonio y ofrecer “soporte”, Adorni cambió de tema para consultarle al contratista por un problema eléctrico en su casa del country.

“Te cambio completamente de tema. Tengo una térmica, vos viste, el tablero afuera a la calle, un tablero que mira hacia el cerco, de la columna al cerco, externo a la columna, y del otro lado, del lado que mira a la calle, tengo una sola llave adentro como de un cubículo. Esa me salta sistemáticamente. También la de la bomba, la general que está en la pileta. No sé si está relacionado o no, yo creo que no. ¿Tenés idea qué puede ser o qué se puede hacer para solucionarlo? Porque estoy desesperado”, señaló.

El detalle suma tensión política y judicial al caso: en el mismo mensaje en el que ofrecía ayuda a un testigo, Adorni también se mostraba preocupado por problemas técnicos de una casa remodelada con gastos que todavía están bajo la lupa.

La causa también sumó otro elemento clave con la declaración de Laura Schiuma, funcionaria de la ex Vocería Presidencial. Según trascendió en Comodoro Py, Schiuma confirmó que Adorni utilizó su tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer Samsung Smart de alta gama por 2.184.999,05 pesos.

La compra se realizó en agosto de 2025, cuando la remodelación de la casa de Indio Cuá ya estaba terminada y el exfuncionario equipaba el playroom de la propiedad.

Schiuma declaró que luego Adorni le devolvió el dinero en efectivo. Esa explicación, lejos de cerrar el episodio, refuerza una de las hipótesis más delicadas de la investigación: que el exjefe de Gabinete habría utilizado a subordinados y tarjetas ajenas para esconder gastos personales.

La misma operatoria aparece bajo sospecha en otras compras. Entre ellas, la adquisición de dos proyectores que habrían sido abonados con tarjetas vinculadas a Luis Enrique Aluju, otro funcionario que trabajaba bajo la órbita de Adorni.

También figura el caso de Gisela Kocsis, secretaria privada del exvocero, a cuyo nombre se habría facturado una compra de más de 8 millones de pesos en un local de sommiers y ropa blanca. Ese comprobante fue encontrado en el teléfono de Tabar, el contratista que reformó la vivienda del country.

El patrón que analiza la Justicia empieza a repetirse: gastos de lujo, empleados o funcionarios utilizados como intermediarios, pagos posteriores en efectivo y una estructura pública que habría sido puesta al servicio de necesidades privadas.

El contraste con el discurso oficialista es fuerte. Mientras el Gobierno hablaba de austeridad, ajuste y sacrificio para la sociedad, uno de sus funcionarios más visibles quedaba rodeado por sospechas vinculadas con consumos en artículos de alta gama, muebles, jardinería, riego, parrilla, sábanas de lujo y equipamiento para entretenimiento.

Según las revelaciones incorporadas a la causa, Adorni también habría realizado gastos por casi 40.000 dólares en mueblería, otros 7.000 dólares en jardinería y riego, y 7.000 dólares adicionales en una parrilla.

Todo esto se suma a la remodelación de Indio Cuá, por la que Tabar declaró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo, una cifra que aparece como uno de los puntos centrales de la investigación patrimonial sobre el exfuncionario.

El caso también derivó en un pedido de detención preventiva y prohibición de salida del país presentado por el abogado Gregorio Dalbón, uno de los denunciantes junto con la diputada Marcela Pagano.

Dalbón sostuvo que existen “riesgos concretos” de fuga y de “entorpecimiento de la investigación”, y basó su planteo en los elementos surgidos del teléfono de Tabar y en los contactos previos entre el exfuncionario y el contratista.

Uno de los mensajes incorporados a la causa ya mostraba a Adorni en una actitud comprometida. “Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado”, le había escrito al contratista.

La aparición del audio agrega ahora un componente todavía más fuerte, porque permite escuchar de boca del propio Adorni una frase que suena incompatible con la conducta esperable de un funcionario investigado: “Te voy a dar todo el soporte que necesites”.

La defensa política del Gobierno vuelve a quedar bajo presión. Javier Milei y su entorno intentaron presentar la salida de Adorni como una decisión personal motivada por el desgaste y por supuestos ataques mediáticos, pero cada nuevo dato judicial muestra que el problema era mucho más profundo.

No se trataba solamente de una controversia pública ni de una disputa con la prensa, como insiste la Casa Rosada, sino de una investigación con testimonios, facturas, mensajes, audios, compras con tarjetas ajenas y movimientos de dinero que el exjefe de Gabinete todavía debe explicar.

El oficialismo, que prometió combatir los privilegios y denunciar los abusos de la política, terminó defendiendo durante meses a un funcionario acusado de usar su poder para ocultar gastos, mover dinero en efectivo y condicionar a quienes debían declarar.

La salida de Adorni no borra la responsabilidad política de quienes lo sostuvieron hasta que el escándalo se volvió imposible de administrar. Tampoco cierra la pregunta central de la causa: cómo hizo un funcionario con ingresos declarados limitados para financiar reformas millonarias, consumos de alto valor y gastos que no aparecen compatibles con su patrimonio.

Ahora, sin cargo y con menos blindaje político, Adorni deberá enfrentar una investigación que empieza a mostrar una trama cada vez más incómoda para el Gobierno.

El caso ya no sólo habla de un exfuncionario sospechado de enriquecimiento ilícito. También expone una forma de ejercer el poder bajo investigación: utilizar subordinados, mover efectivo, operar sobre testigos y después culpar al periodismo cuando las pruebas empiezan a salir a la luz.