El Gobierno nacional recibió un nuevo revés judicial luego de que la Justicia ordenara suspender el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, una de las iniciativas más importantes impulsadas por la administración de Javier Milei dentro de su plan de reforma y reducción del Estado.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo número 2 de La Plata, Mariano López, quien hizo lugar a una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y dispuso una medida cautelar que paraliza momentáneamente el avance del proceso.

La resolución judicial sostiene que existen elementos suficientes para considerar que la privatización podría generar consecuencias negativas sobre derechos colectivos vinculados al acceso al agua potable, el saneamiento y la protección ambiental.

Según argumentó el magistrado, el esquema diseñado para transferir la empresa al sector privado no incorpora garantías adecuadas para asegurar la continuidad de determinadas obligaciones vinculadas a la cobertura sanitaria, las inversiones en infraestructura y la prevención de daños ambientales.

Además, el juez señaló que la propuesta oficial podría implicar una flexibilización de los controles regulatorios y una postergación de obras consideradas fundamentales para el funcionamiento del sistema de agua y saneamiento que presta servicio a millones de usuarios.

La presentación había sido impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, que cuestionó distintos aspectos del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

Entre los principales argumentos expuestos se sostuvo que el proceso no contempla mecanismos suficientes para garantizar el acceso universal al agua potable y tampoco establece con claridad cómo serán abordados los pasivos ambientales existentes en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

Desde el organismo también advirtieron que la privatización podría afectar las obligaciones vinculadas a la expansión de las redes de agua y cloacas, el mantenimiento de la infraestructura existente y las tareas de saneamiento y remediación ambiental.

En su resolución, el magistrado coincidió con parte de esos planteos y remarcó que el acceso al agua constituye un derecho esencial que debe ser especialmente protegido mientras se analiza el fondo de la cuestión.

Por ese motivo, decidió suspender preventivamente cualquier avance relacionado con la privatización hasta que las instancias judiciales superiores evalúen el caso. La medida fue remitida a la Cámara Federal de La Plata para su revisión.

El proyecto impulsado por el Gobierno contempla la venta de al menos el 51 por ciento de las acciones de AYSA a un operador estratégico privado. El porcentaje restante sería ofrecido en los mercados bursátiles mediante distintos mecanismos financieros.

La iniciativa también prevé una concesión de largo plazo, con una duración inicial de treinta años y la posibilidad de extenderla por diez años adicionales.

La decisión judicial volvió a instalar el debate sobre la gestión de los servicios públicos esenciales y sobre los antecedentes de las privatizaciones realizadas en la década de 1990.

AYSA tiene una historia particularmente sensible en este aspecto. Durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue concesionado a la empresa francesa Suez-Lyonnaise des Eaux, que operó bajo el nombre de Aguas Argentinas.

Aquella experiencia concluyó en 2006 cuando el gobierno de Néstor Kirchner resolvió rescindir el contrato y recuperar la administración estatal de la empresa luego de diversos cuestionamientos relacionados con inversiones incumplidas, expansión de la red y calidad del servicio prestado.

Diversos informes elaborados posteriormente señalaron que durante aquella etapa se registraron fuertes incrementos tarifarios y modificaciones contractuales que generaron controversias respecto de los beneficios obtenidos por la concesionaria.

Mientras el Gobierno sostiene que la participación privada permitirá mejorar la eficiencia operativa, atraer inversiones y reducir costos para el Estado, los sectores que se oponen a la medida advierten que podría verse afectada la calidad del servicio y la capacidad de control sobre un recurso considerado estratégico.

La cautelar abre ahora un nuevo capítulo judicial y político que podría extenderse durante varios meses. Por el momento, el proceso de privatización quedó paralizado y el futuro de AYSA volverá a definirse en los tribunales, en una disputa que promete convertirse en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno nacional y distintos sectores de la oposición.