El Gobierno nacional volvió a quedar en el centro del debate político y económico luego de avanzar con un proyecto que combina dos medidas de enorme impacto sobre el sistema energético argentino. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, propone modificar el régimen de subsidios al gas conocido como Zona Fría y establecer un mecanismo que podría derivar en una compensación millonaria para empresas distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La propuesta ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá enfrentar una nueva instancia legislativa en el Senado, donde se anticipa un fuerte debate entre oficialismo y oposición.

Desde el Gobierno aseguran que el objetivo central es ordenar un esquema que consideran distorsionado, reducir gastos y avanzar hacia un sistema más sustentable. Sin embargo, distintos sectores políticos y especialistas sostienen que las medidas podrían significar un nuevo ajuste para millones de usuarios y beneficios económicos para empresas privadas.

Uno de los puntos que concentra mayor atención es la reforma del régimen de Zona Fría. El proyecto propone modificar la ampliación aprobada en 2021 y excluir a distintas regiones que habían sido incorporadas en aquel momento para acceder a subsidios en el consumo de gas.

Las zonas alcanzadas por esa expansión incluyen gran parte de la provincia de Buenos Aires, sectores de Córdoba, Mendoza y San Luis, además de áreas de Santa Fe y regiones cordilleranas de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Según la propuesta oficial, los usuarios de esas regiones perderían el beneficio salvo aquellos que estén incorporados dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Las denominadas regiones históricas del régimen continuarían protegidas. Allí permanecen incluidas la Patagonia, la región de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Actualmente el sistema alcanza aproximadamente a 4,3 millones de usuarios en todo el país, lo que representa cerca del 45 por ciento del padrón nacional de gas. Sin embargo, estimaciones oficiales indican que alrededor de 1,6 millones de personas podrían quedar completamente excluidas del beneficio si el proyecto termina siendo aprobado.

Según cálculos expuestos durante el tratamiento legislativo, el Gobierno estima un ahorro fiscal cercano a los 272.000 millones de pesos anuales mediante esta reforma.

La discusión adquiere todavía más relevancia porque se produce en un contexto de fuertes aumentos tarifarios. Durante los últimos meses, distintos informes registraron incrementos importantes en las boletas de servicios y las proyecciones indican que el impacto podría profundizarse con la llegada de las bajas temperaturas.

Pero el proyecto incluye otro capítulo que también encendió fuertes cuestionamientos.

La iniciativa incorpora un esquema denominado de autosuficiencia económico-financiera para el Mercado Eléctrico Mayorista, mediante el cual se revisarán deudas acumuladas por distribuidoras eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima durante años atravesados por congelamientos y regulaciones tarifarias.

El mecanismo prevé que la Subsecretaría de Energía Eléctrica determine diferencias económicas generadas durante distintos períodos y establezca eventuales créditos a favor de las empresas.

Esos montos serían utilizados exclusivamente para cancelar obligaciones pendientes con la compañía estatal.

Según distintas versiones conocidas durante el debate parlamentario, esa compensación podría alcanzar aproximadamente los 1.842 millones de dólares para empresas distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Desde el oficialismo sostienen que la medida busca regularizar la situación financiera del sector energético y avanzar hacia un esquema de funcionamiento más estable y previsible.

Las críticas opositoras, en cambio, apuntan a una fuerte contradicción política: mientras millones de usuarios podrían perder asistencia estatal y afrontar aumentos en servicios esenciales, el proyecto contempla un mecanismo que podría aliviar deudas multimillonarias de empresas privadas.

Ahora el debate se trasladará al Senado, donde volverán a enfrentarse dos visiones opuestas sobre el rol del Estado, la política de subsidios y el futuro del sistema energético argentino. El resultado promete convertirse en uno de los capítulos legislativos más sensibles de las próximas semanas.