El Gobierno nacional enfrenta un nuevo foco de tensión política y legislativa luego de que comenzaran a aparecer obstáculos en uno de los proyectos más sensibles impulsados por la administración de Javier Milei. Se trata de la iniciativa que buscaba modificar aspectos centrales vinculados a la propiedad privada, incluyendo cambios en la Ley de Tierras Rurales, reformas sobre barrios populares y nuevos mecanismos para agilizar desalojos.

La propuesta formaba parte de un amplio paquete de reformas impulsado por La Libertad Avanza y llegaba al Senado con el objetivo de avanzar sobre distintas regulaciones relacionadas con la tenencia y administración de tierras. Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse durante las últimas semanas a partir de críticas crecientes provenientes de organizaciones sociales, sectores políticos, referentes rurales y organismos internacionales.

La acumulación de cuestionamientos terminó obligando al oficialismo a revisar parte del contenido original del proyecto y realizar modificaciones de último momento en un intento por evitar un mayor nivel de conflicto político y social.

Uno de los cambios más relevantes fue la decisión de retirar el capítulo referido a la Ley de Barrios Populares. Ese apartado había generado una fuerte controversia por la posibilidad de habilitar procedimientos de desalojo más rápidos y por las advertencias sobre una eventual reducción de herramientas de protección destinadas a miles de familias en situación de vulnerabilidad.

Pero el foco principal también estuvo puesto sobre la reforma a la Ley de Tierras, uno de los puntos que más resistencia despertó desde distintos sectores. La iniciativa original proponía flexibilizar aspectos del régimen actual y modificar restricciones vinculadas a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros.

La normativa vigente, sancionada en 2011, establece límites específicos a la extranjerización de tierras rurales y fija un máximo del 15 por ciento de propiedades rurales en manos extranjeras tanto a nivel nacional como provincial y departamental. El objetivo de la ley es evitar niveles elevados de concentración en zonas consideradas estratégicas para el país.

No era la primera vez que el Gobierno avanzaba en ese sentido. Meses atrás, la administración de Milei ya había intentado introducir modificaciones mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, aunque distintas presentaciones judiciales frenaron parcialmente esa iniciativa.

El nuevo proyecto reabrió el debate y volvió a generar interrogantes alrededor del futuro de áreas consideradas sensibles por su ubicación estratégica o por su valor en materia de recursos naturales, producción y acceso al agua.

El tema adquiere además una dimensión mayor a partir de distintos estudios y relevamientos que indican que una importante porción del territorio argentino ya se encuentra bajo propiedad extranjera. Investigaciones académicas y análisis territoriales sostienen que más de 13 millones de hectáreas pertenecen actualmente a empresas o propietarios de otros países.

Las zonas señaladas con mayores niveles de extranjerización incluyen regiones fronterizas, sectores cordilleranos y áreas vinculadas a corredores estratégicos o recursos hídricos de importancia.

Desde organizaciones campesinas, sociales y de derechos humanos también advirtieron que una flexibilización podría acelerar procesos de concentración de tierras y profundizar dificultades para pequeños productores y comunidades rurales.

A la discusión local se sumó además un nuevo elemento de presión internacional. El relator especial de Naciones Unidas sobre vivienda adecuada, Koldo Casla, envió una comunicación formal al Estado argentino expresando preocupación por distintos aspectos incluidos en el proyecto.

Entre los puntos señalados, advirtió sobre posibles consecuencias relacionadas con procedimientos de desalojo acelerados y cuestionó la ausencia de criterios vinculados con la función social de la propiedad y el derecho a una vivienda adecuada.

La advertencia internacional agregó tensión a un escenario que ya aparecía complejo para el oficialismo y dejó expuestas las dificultades del Gobierno para sostener algunas de sus reformas más discutidas.

Mientras continúan las negociaciones en el Senado, el futuro de la iniciativa permanece abierto. El oficialismo intenta reconstruir consensos y evitar un nuevo traspié legislativo, aunque el retroceso parcial ya dejó una señal política clara: uno de los proyectos más polémicos de la gestión comenzó a encontrar una resistencia mucho mayor de la esperada.