La Federación del Personal de Vialidad denunció un “desmantelamiento sistemático” de la Dirección Nacional de Vialidad tras la implementación del decreto 253, firmado por el presidente Javier Milei, que delega en nueve provincias la facultad de licitar obras viales bajo el sistema de peajes.

Según el informe elaborado por el gremio, la medida representa “el mayor proceso de vaciamiento desde la privatización de los años 90” y pone en riesgo al menos 785 puestos de trabajo de agentes que actualmente se desempeñan en el organismo.

“Detrás de la retórica del federalismo cooperativo se esconde una lógica de desmantelamiento que dejará a miles de trabajadores sin función y a la red troncal en manos de concesionarios privados sin control técnico efectivo del Estado”, sostiene el documento difundido por el sector.

El decreto contempla la cesión de tramos de rutas a provincias como Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, lo que —según el análisis sindical— implica un “viraje estructural” en el modelo de gestión de la infraestructura vial.

Desde el sector advierten que, aunque la Dirección Nacional de Vialidad no fue formalmente disuelta tras el rechazo legislativo a otra iniciativa oficial, su rol quedaría reducido a una función residual. “Se transforma en una cáscara institucional que supervisa tramos que ya no controla y audita contratos que no redactó”, remarcan.

El informe también cuestiona la falta de garantías laborales, al señalar que el decreto no contempla cláusulas de protección para los trabajadores ni acuerdos de absorción por parte de eventuales concesionarios. “De los trabajadores que hoy mantienen esas rutas, silencio absoluto”, sostuvieron.

Además, denuncian que la medida se implementó sin instancias de consulta con los sindicatos, lo que —afirman— vulnera principios de negociación colectiva y derechos laborales.

Otro de los puntos críticos es la fragmentación del sistema vial. Como ejemplo, mencionan la división de la Ruta Nacional 40 en múltiples jurisdicciones, lo que podría derivar en distintos esquemas tarifarios, estándares técnicos y niveles de mantenimiento. “Dejará de ser una ruta nacional unificada para convertirse en un pastiche de concesiones”, advierten.

El documento también pone en duda la viabilidad económica del esquema. Según el análisis, cerca del 60% de los tramos incluidos no cuentan con el nivel de tránsito necesario para sostener un sistema de peajes sin subsidios estatales, lo que podría derivar en abandono de rutas o mayores costos para usuarios y sectores productivos.

Finalmente, los trabajadores trazaron un paralelismo con las políticas de privatización impulsadas durante el gobierno de Carlos Menem en la década del noventa. “No es la misma privatización, es más sofisticada, pero el resultado estructural es similar: la pérdida de capacidad estatal y la transferencia de activos al sector privado”, concluye el informe.