La investigación judicial conocida como Coimagate sumó un nuevo capítulo tras la aparición de pruebas que exponen un presunto entramado de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. El fiscal Franco Picardi avanzó con un pedido de 29 indagatorias luego de detectar operaciones que, según el dictamen, implicaron el desvío de más de setenta y cinco mil millones de pesos del erario público.

De acuerdo a la investigación, las irregularidades no fueron hechos aislados, sino parte de un esquema sistemático que habría involucrado a funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo. La estructura, según la fiscalía, estaba presuntamente conducida desde el ámbito estatal por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y desde el sector privado por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, todos ya procesados como supuestos jefes de una asociación ilícita.

El expediente, que ya cuenta con 19 procesados, podría ampliarse en las próximas semanas. El fiscal advirtió que la investigación continúa en curso y que podrían sumarse nuevos imputados a medida que avance el análisis de la evidencia reunida.

Uno de los ejes centrales del caso es el presunto direccionamiento de compras públicas mediante el sistema SIIPFIS, utilizado para gestionar insumos y prestaciones. Los investigadores detectaron irregularidades en rubros como amputaciones, audífonos, implantes, neurología, traumatología y equipamiento de movilidad, donde las licitaciones habrían sido manipuladas para favorecer a determinadas empresas.

En ese marco, la fiscalía describió un mecanismo en el que distintas firmas simulaban competir en procesos licitatorios que, en realidad, estaban previamente acordados. Según el dictamen, la supuesta concurrencia de oferentes respondía a una “puesta en escena” destinada a encubrir la asignación direccionada de contratos.

Las pruebas también incluyen indicios de acuerdos entre empresas para repartirse adjudicaciones y ganancias, alternando roles en los procesos. Este esquema habría generado beneficios millonarios para las firmas involucradas y retornos ilegales para funcionarios.

En paralelo, surgieron nuevas referencias a pagos de un tres por ciento, interpretados como posibles coimas. Parte de la evidencia incorpora conversaciones donde se menciona ese porcentaje como condición para cerrar operaciones, lo que refuerza las sospechas sobre un circuito de retornos.

El rol del empresario Miguel Ángel Calvete aparece como clave dentro del entramado investigado. Según la fiscalía, mantenía vínculos directos con funcionarios y empresarios, intervenía en la asignación de contratos y gestionaba pagos indebidos. Cuadernos y registros de chats figuran entre las pruebas principales para reconstruir el flujo del dinero.

De acuerdo al expediente, el esquema habría funcionado al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, con una operatoria sostenida que incluía direccionamiento de contrataciones, cartelización empresarial y connivencia de funcionarios públicos.

Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, también se registran consecuencias en el funcionamiento del organismo. Trabajadores advirtieron sobre demoras administrativas, pagos fragmentados de salarios y miles de expedientes paralizados, incluidos trámites vinculados a tratamientos médicos.

El caso continúa abierto y con múltiples líneas de investigación en desarrollo, mientras la Justicia deberá definir si avanza con las nuevas indagatorias que podrían ampliar de manera significativa el alcance de uno de los escándalos más sensibles de los últimos tiempos.