Tras una extensa sesión, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma de la Ley 26.639 de Glaciares, en una jornada atravesada por fuertes cruces políticos y un importante operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.

La iniciativa fue sancionada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, con el respaldo del oficialismo y bloques aliados, además del acompañamiento de gobernadores de provincias con actividad minera. Desde la oposición y organizaciones ambientalistas advirtieron que la reforma responde a intereses extractivos y alertaron sobre sus posibles consecuencias.

El cambio central redefine el alcance de la protección ambiental, ya que a partir de ahora solo quedarán bajo tutela legal aquellos glaciares y zonas periglaciares que acrediten un aporte hídrico relevante y comprobable. Esto implica que numerosas formaciones de menor escala podrían quedar excluidas, habilitando el avance de proyectos mineros en esas áreas.

Desde sectores opositores señalaron que la modificación debilita la protección de reservas estratégicas de agua dulce, esenciales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático. También remarcaron que la norma vigente ya había sido validada por la Corte Suprema y que no presentaba vacíos legales que justificaran su modificación.

Mientras se desarrollaba el debate, en las afueras del Congreso de la Nación Argentina se registraron incidentes durante una movilización bajo la consigna “La Ley de Glaciares No Se Toca”, en medio de un fuerte despliegue de seguridad.

Durante la sesión, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Paluc, defendió el proceso previo y calificó como histórica la instancia de participación ciudadana. Sin embargo, desde la oposición cuestionaron la metodología y denunciaron irregularidades en la audiencia pública.

La diputada Sabrina Selva calificó ese proceso como una farsa y sostuvo que la reforma no es aclaratoria, ya que la ley actual no presenta vacíos legales. Además, advirtió que permitir que las provincias definan criterios sobre el impacto hídrico podría derivar en decisiones influenciadas por intereses políticos.

Las críticas también se replicaron en otros bloques. Myriam Bregman afirmó que el objetivo de la reforma es avanzar en un saqueo acelerado, mientras que Germán Martínez planteó la necesidad de evitar falsas dicotomías entre desarrollo y ambiente. Por su parte, Miguel Ángel Pichetto consideró que la modificación representa un retroceso y advirtió sobre sus implicancias.

A lo largo del debate también se evidenciaron tensiones políticas más amplias, con intentos de la oposición de instalar otros temas sensibles para el Gobierno, incluyendo pedidos de interpelación y cuestionamientos a funcionarios nacionales.

Con la sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, la reforma abre un nuevo escenario de conflicto político, judicial y ambiental. Organizaciones y sectores opositores ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para intentar frenar la aplicación de los cambios.