El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires formalizó una presentación ante el Ministerio de Economía de la Nación para denunciar presuntas irregularidades en la licitación de la Red Federal de Concesiones - Etapa II, un proceso que abarca más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales en territorio bonaerense.

A través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y de AUBASA, la administración provincial solicitó la intervención como veedores del Defensor del Pueblo de la Nación y del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de garantizar la legalidad, transparencia y equidad del procedimiento.

El ministro Gabriel Katopodis explicó que la medida responde a la preocupación por modificaciones introducidas durante el proceso licitatorio. Según indicó, los cambios de último momento podrían haber afectado la igualdad entre oferentes.

Entre las principales objeciones, se destacan modificaciones sustanciales incorporadas a través de circulares oficiales, incluso pocos días antes del cierre de presentación de ofertas. Estas incluyeron nuevas exigencias técnicas, económico-financieras y documentales que no figuraban en el pliego original.

En particular, la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2, publicada el 6 de febrero de 2026, introdujo requisitos adicionales apenas una semana antes del cierre de consultas. Las empresas interesadas contaron con un plazo acotado para adecuarse, sin prórroga, lo que —según la Provincia— podría haber condicionado la competencia.

En ese contexto, AUBASA se presentó como oferente para la concesión de tramos clave, incluyendo corredores estratégicos como las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de autopistas como Ezeiza-Cañuelas y Riccheri.

Desde el Gobierno provincial aseguraron que la empresa cumplió con todos los requisitos establecidos desde el inicio, aunque la Comisión Evaluadora solicitó aclaraciones sobre aspectos no contemplados en el pliego original, como la validación de su experiencia en la gestión de obras.

“AUBASA es la empresa mejor posicionada y tiene la capacidad de gestión para hacer las obras”, afirmó Gabriel Katopodis, quien remarcó que el objetivo es garantizar rutas en buen estado, con tarifas accesibles y un servicio eficiente.

La licitación, lanzada en noviembre de 2025, avanzó con distintas etapas administrativas hasta la apertura de ofertas en febrero de 2026. Sin embargo, las modificaciones sobre la marcha generaron cuestionamientos sobre la previsibilidad del proceso.

Desde la Provincia de Buenos Aires advirtieron que una eventual exclusión de AUBASA podría resultar arbitraria y afectar tanto la transparencia institucional como el servicio para los usuarios.

El pedido de intervención de las Defensorías busca reforzar los mecanismos de control y asegurar que la adjudicación final se realice bajo criterios claros, equitativos y conforme a derecho.