El Senado de la Nación Argentina convirtió en ley la reforma del Régimen Penal Juvenil y estableció la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años para menores que cometan delitos. La iniciativa fue aprobada con 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención, en una sesión marcada por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición.

El proyecto era uno de los ejes que el presidente Javier Milei buscaba consolidar como logro político en la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Tras la votación, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, sostuvo que la norma “está del lado del ciudadano” y que deja atrás la concepción de que “la víctima es el delincuente”.

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La reforma crea un nuevo régimen penal juvenil que fija en 14 años la edad de imputabilidad y de encierro, e incorpora medidas alternativas para determinados delitos. Los jueces podrán aplicar sanciones que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, la prohibición de salida del país o la prestación de servicios comunitarios en casos con penas de hasta tres años de prisión, o de hasta diez años cuando no haya muerte ni lesiones graves.

En la apertura del debate, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Gonzalo Guzmán Coraita, defendió el proyecto al afirmar que se trata de un régimen moderno y especializado, con garantías de debido proceso.

Desde el bloque de Unión por la Patria, en cambio, calificaron la iniciativa como una “pantalla de distracción” y remarcaron que el país registra uno de los índices más bajos de delitos cometidos por adolescentes en la región. El senador Jorge Capitanich advirtió que la aplicación del sistema quedará en manos de las provincias y cuestionó el presupuesto previsto para su implementación. Señaló que la sobrepoblación carcelaria ronda el 30 por ciento y consideró insuficientes los 23.800 millones de pesos contemplados por el Ejecutivo para financiar el nuevo esquema, que incluye la construcción de establecimientos especiales para menores.

En la misma línea, Alicia Kirchner expresó reparos sobre la infraestructura disponible y preguntó cómo se asistirá a las provincias que no cuentan con centros de detención específicos. También pidió una mirada integral que incluya inversión en salud mental y políticas sociales.

Desde el oficialismo, la senadora Nadia Márquez defendió la baja de la edad al afirmar que un adolescente de 14 o 15 años comprende la gravedad de un delito. La tucumana Beatriz Ávila sostuvo que el Estado no puede permanecer indiferente frente a delitos cometidos por menores y planteó que la norma apunta a brindar responsabilidad y oportunidad antes de que el delito se consolide como identidad.

La senadora Lucía Corpacci cuestionó con dureza la reforma y aseguró que las estadísticas no respaldan la idea de que los adolescentes sean responsables de la inseguridad. Afirmó que la baja de la edad no resolverá el problema y advirtió que podría profundizarlo. En términos similares se expresó Martín Soria, quien sostuvo que el Estado debe ofrecer una respuesta integral y no exclusivamente penal.

Por su parte, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, consideró que la ley constituye una herramienta necesaria y sostuvo que muchas de sus disposiciones implican obligaciones que el Estado debió asumir con anterioridad en relación con los menores en conflicto con la ley.

En el cierre del debate, Bullrich sostuvo que el régimen anterior configuraba una de las grandes injusticias del sistema penal, al dejar en manos de cada juez amplios márgenes de discrecionalidad. Defendió la fijación de una edad de imputabilidad como mecanismo de certeza jurídica y afirmó que la norma busca recuperar el sentido de la justicia y poner fin a lo que definió como una doctrina que coloca al delincuente como víctima del sistema.