La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral promovida por Javier Milei tras una sesión atravesada por la tensión política y protestas en distintos puntos del país. La iniciativa obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención, en una jornada marcada por el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo.

El oficialismo consiguió reunir el quórum con el respaldo de bloques aliados y legisladores vinculados a gobernadores provinciales, entre ellos referentes de Salta, Catamarca y Tucumán. La presencia de diputados alineados con los mandatarios Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz resultó determinante para habilitar el debate.

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El bloque oficialista de La Libertad Avanza aportó 95 votos propios y sumó el acompañamiento de espacios como Fuerza del Cambio e Innovación Federal, además de otros bloques provinciales. Durante la sesión, el bloque Unión por la Patria intentó sin éxito devolver el proyecto a comisión y cuestionó la validez del quórum en distintos pasajes del debate.

La iniciativa deberá regresar al Senado de la Nación Argentina debido a modificaciones introducidas en el tratamiento en particular. Entre los cambios, se eliminó el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas y habilitaba la reducción del salario al cincuenta o setenta y cinco por ciento durante períodos de enfermedad. La supresión respondió a la presión social y política generada en torno a ese punto.

Sin embargo, uno de los artículos más controvertidos, la creación del Fondo de Asistencia Laboral, fue aprobado con 130 votos afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones. La herramienta apunta a financiar indemnizaciones por despido, aunque la oposición advirtió que podría implicar la utilización de recursos vinculados al sistema previsional.

Entre los ejes centrales de la reforma se encuentra la modificación del cálculo de indemnizaciones, que tomaría como base el sueldo básico y excluiría conceptos como aguinaldo, premios o adicionales. También se habilita la ampliación de la jornada laboral diaria hasta doce horas mediante un sistema de banco de horas que permitiría compensar horas extras con descansos en lugar de pago adicional.

La norma amplía la nómina de actividades consideradas servicios esenciales, lo que limita el derecho de huelga, y restringe la realización de asambleas en horario laboral. Además, introduce un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales, a quienes considera prestadores independientes no alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo. Asimismo, deroga la Ley de Teletrabajo vigente desde 2021 y elimina estatutos sectoriales históricos como el del periodista y el del viajante de comercio.

Desde la oposición sostuvieron que el proyecto vulnera el principio de progresividad en materia de derechos laborales y podría ser objeto de planteos judiciales por presunta contradicción con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El oficialismo, en cambio, defendió la iniciativa como una modernización necesaria para fomentar el empleo formal y dinamizar la economía.

Con la media sanción en Diputados, el debate vuelve al Senado en un clima político marcado por la polarización, mientras sindicatos y organizaciones sociales anticipan nuevas medidas de fuerza ante el avance de la reforma.