El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió frenar la desregulación impulsada a nivel nacional y restableció la obligatoriedad del servicio de serenos de buque en todos los puertos y terminales portuarias bonaerenses, en una definición que marca un fuerte contraste con la política del Ejecutivo nacional.

La medida fue formalizada a través de un dictamen jurídico elaborado por el área legal de la Provincia y respaldado por el ministro de Trabajo, Walter Correa. El pronunciamiento sostiene que la presencia de serenos de buque resulta fundamental para garantizar la seguridad operativa, la salud laboral de los trabajadores, el cuidado ambiental y el correcto funcionamiento de las actividades portuarias.

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La decisión se conoció luego de que el gobierno de Javier Milei avanzara, hace cerca de un año, con la desregulación del sector mediante el Decreto 37/2025. Aunque la norma no eliminó de forma explícita la figura del sereno de buque, habilitó la contratación opcional del servicio, lo que en la práctica llevó a que muchas agencias marítimas dejaran de incorporarlos.

Desde la administración bonaerense advirtieron que ese escenario generó una situación de riesgo y desprotección, tanto para los trabajadores como para los buques y las instalaciones portuarias. El dictamen remarca que la ausencia de serenos afecta el control de riesgos, debilita la prevención de incidentes ambientales y deteriora las condiciones laborales en los puertos.

El documento declara además la no aplicabilidad del decreto nacional en el territorio bonaerense y fundamenta esta postura en la autonomía provincial, apoyada en su preexistencia al Estado Nacional. Según el análisis jurídico, la Provincia tiene facultades plenas para regular las condiciones de trabajo y seguridad dentro de su jurisdicción.

La normativa restituida establece la obligatoriedad de contar con serenos de buque en todas las embarcaciones comerciales y/o industriales, nacionales o extranjeras, de más de 2.000 toneladas que se encuentren amarradas en puertos fluviales o marítimos, ya sean de uso público o privado.

La desregulación nacional había generado un fuerte rechazo gremial por parte del sindicato que nuclea a los serenos de buque, que alertó oportunamente sobre los riesgos de prescindir del servicio. Con esta decisión, la Provincia vuelve a reconocer el rol estratégico de estos trabajadores dentro del sistema portuario.

Al hacer propio el dictamen del Departamento Jurídico, Walter Correa consolidó una definición política que reaviva la discusión sobre los límites de la desregulación laboral y expone la tensión entre Nación y Provincia en torno a las competencias sobre trabajo y seguridad en los puertos.