En una decisión que promete dividir aguas, el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley para reformar el sistema migratorio, centrado en cobrar aranceles a extranjeros no residentes por educación universitaria y atención médica, mientras endurece controles en las fronteras y amplía las causales de expulsión. "Estamos construyendo un país más ordenado, que proteja a sus ciudadanos", aseguró el vocero Manuel Adorni al defender la iniciativa, la cual busca "financiar universidades y sistemas de salud" a través de aportes de quienes, según el oficialismo, actualmente utilizan estos servicios de manera gratuita.

El anuncio no tardó en generar rechazo. Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, tildó la medida de "xenófoba, inconstitucional y completamente desinformada". Según estadísticas de su cartera, los extranjeros no residentes representan solo el 0,2% de las consultas médicas y el 0,8% de las internaciones en la provincia, cifras que desmienten el impacto alegado por el Ejecutivo.

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El ámbito educativo no quedó exento de las críticas. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, refutó las afirmaciones oficiales de que "uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero", aclarando que apenas el 4,1% del alumnado en las universidades públicas del país corresponde a estudiantes extranjeros, quienes además deben contar con residencia regular para inscribirse.

El proyecto también plantea la implementación de “expulsiones exprés” y mayores restricciones al ingreso de migrantes. Según Adorni, se ampliarán los delitos que habilitan la deportación inmediata y se buscará penalizar con prisión a quienes reingresen al país tras ser expulsados. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la medida argumentando que garantizará "la seguridad y el orden en las fronteras".

En paralelo, organismos internacionales de derechos humanos y especialistas cuestionaron la propuesta. Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de la ONU para la Protección de los Trabajadores Migrantes, calificó la medida como "una estrategia divisiva que promueve el odio y desvía la atención de problemas estructurales".

Mientras el Gobierno prepara el envío del proyecto al Congreso, el debate promete intensificarse, enfrentando posturas que oscilan entre la defensa de los derechos universales y la búsqueda de un mayor control de los recursos públicos. El país observa atento una discusión que impactará tanto en su identidad como en su compromiso con los derechos humanos.