Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) anunció un cambio drástico en su política de cobro: los usuarios que acumulen al menos dos facturas impagas comenzarán a sufrir cortes parciales del suministro. La medida, que ya afecta a miles de hogares en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, podría extenderse a cerca de 700.000 usuarios morosos, en un contexto de aumentos tarifarios y creciente precariedad económica.

Según AySA, los cortes no serán totales; se garantizará un flujo mínimo de agua para cubrir necesidades esenciales. Sin embargo, organizaciones de defensa al consumidor advierten que, en la práctica, las interrupciones podrían ser completas debido a la baja presión, dejando a familias sin agua durante días.

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Desde diciembre de 2023, las tarifas del agua aumentaron un 305%, mientras que servicios como gas, electricidad y transporte también experimentaron fuertes subas, profundizando la morosidad en los sectores más vulnerables. Estudios del Observatorio de Tarifas de la UBA y el Conicet revelan que el poder adquisitivo de los hogares no ha crecido al mismo ritmo, agravando la situación.

Martín y Verónica, vecinos de Villa Pueyrredón, relataron su experiencia tras quedarse sin agua por un error en el cruce de medidores. "Salía un hilito mínimo de la canilla", comentaron. Además, denunciaron la falta de atención al cliente por parte de AySA: "Solo queda una oficina central en la calle Riobamba, y no atienden el teléfono".

Desde la empresa aseguraron que los cortes son una "última instancia" y que buscan priorizar los casos de deudas más significativas. Sin embargo, la Defensoría del Usuario y otras organizaciones sociales piden reforzar y difundir el Programa de Tarifa Social, que ofrece descuentos y planes de pago para hogares en situación de vulnerabilidad.

Pedro Bussetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), afirmó que la empresa debería ser más flexible en este contexto de crisis. "El acceso al agua es un derecho esencial. En lugar de priorizar los cortes, AySA debería ampliar y difundir los beneficios de la Tarifa Social". Este programa incluye desde descuentos mensuales hasta la condonación total de deudas para familias críticas, pero su alcance sigue siendo limitado debido a la falta de información masiva.

Con un gobierno nacional enfocado en sanear las cuentas de las empresas públicas, el endurecimiento de AySA refleja un intento de equilibrar lo económico con la operatividad del servicio. No obstante, las críticas apuntan a que estas medidas recaen desproporcionadamente sobre los sectores más vulnerables, en un contexto donde el agua potable debería estar garantizada como un derecho básico.