La Justicia federal profundizó el cerco sobre Cristina Fernández de Kirchner con una resolución inédita que endurece su régimen de prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Federal 2 determinó que la expresidenta solo podrá recibir visitas dos veces por semana, con un máximo de tres personas por encuentro y durante un período de dos horas. La decisión no tiene antecedentes en otros casos bajo el mismo régimen y tampoco existe normativa específica que avale estas restricciones.

El tribunal justificó el cambio al sostener que la exmandataria habría incumplido las condiciones de su detención al recibir a un grupo de nueve jóvenes economistas. Aunque todos ellos contaban con autorización previa del juez Jorge Gorini, los magistrados del TOF 2 consideraron que no se informó el carácter colectivo de la reunión y que, por ese motivo, el encuentro no debía haber ocurrido. La defensa de Cristina Kirchner objetó este planteo y recordó que ninguna persona bajo arresto domiciliario requiere permisos individuales por visitante ni enfrenta límites en cantidad o frecuencia de reuniones.

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Cristina Kirchner respondió públicamente a través de sus redes sociales y señaló que las nuevas restricciones no se explican por cuestiones formales, sino por el contenido político de la reunión. Según relató, los economistas habían presentado propuestas para un nuevo esquema de desarrollo productivo y federal, lo que, a su juicio, generó molestias en sectores mediáticos, económicos y en el gobierno de Javier Milei. También difundió datos sobre la caída de la actividad económica, destacando el cierre de más de diecinueve mil empresas y la pérdida de más de doscientos setenta mil empleos entre noviembre de dos mil veintitrés y agosto de dos mil veinticuatro.

El endurecimiento del régimen ocurre en simultáneo con otras decisiones judiciales que preocupan al kirchnerismo. La Cámara de Casación intervino de oficio en el juicio por los cuadernos y presionó para acelerar audiencias, revisar calendarios y limitar la feria judicial. Desde el entorno de la expresidenta interpretan estos movimientos como parte de una estrategia para avanzar rápidamente hacia una nueva condena acompañada por un fuerte despliegue mediático.

La tensión política escaló aún más luego de que el embajador estadounidense, Peter Lamelas, afirmara ante el Senado de su país que uno de los objetivos de su misión en Argentina es asegurar que Cristina Kirchner “reciba la justicia que se merece”. Para figuras del peronismo, estas declaraciones constituyen un gesto de injerencia externa que coincide con el endurecimiento de las medidas judiciales internas.

En su respuesta, Cristina Kirchner cuestionó la “coordinación explícita” entre jueces y medios y sugirió con ironía que “Clarín y La Nación deberían firmar directamente las sentencias” para evitar la intermediación del Poder Judicial. Su entorno sostiene que el objetivo del nuevo régimen de visitas es aislarla políticamente y limitar su capacidad para sostener reuniones de trabajo, articular estrategias y expresar posicionamientos públicos.

Mientras continúan los movimientos en Comodoro Py, el kirchnerismo denuncia una ofensiva política, mediática y judicial destinada a disciplinar a la principal referente opositora. La disputa vuelve a colocar a los tribunales federales en el centro de la escena y agrava la discusión sobre la independencia judicial en la Argentina.