Las universidades públicas de todo el país paralizarán sus actividades durante 72 horas a partir del miércoles, en reclamo de la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Gobierno el pasado 21 de octubre, pero los fondos aún no fueron liberados, lo que desató el enojo de docentes y estudiantes.

“Debemos continuar con la profundización de las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión, que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales”, afirmó Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), al anunciar la medida de fuerza.

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Los gremios docentes advierten que los salarios siguen congelados pese a los compromisos asumidos por el Gobierno. Según denunciaron, la ley establecía aumentos y refuerzos presupuestarios para garantizar el funcionamiento de las universidades, pero la falta de ejecución agrava el deterioro institucional y económico del sector.

“La ley debe aplicarse sin más demora, no solamente porque es ley, sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, sostuvo Ileana Celoto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD–UBA).

Celoto alertó que los bajos salarios están generando una crisis estructural en el sistema universitario. “En muchos casos los sueldos están por debajo de la línea de pobreza. Hay docentes que piden reducción de horas o directamente dejan sus cargos porque no pueden sostenerse”, indicó.

La dirigente agregó que esta situación impacta directamente en la calidad educativa y en la continuidad de los programas de investigación. “Estamos defendiendo la universidad pública para que no quede como una cáscara vacía, con equipos que ya no pueden llevar adelante las tareas para las cuales fueron designados”, expresó.

La medida, respaldada por los principales gremios docentes y federaciones estudiantiles, incluirá movilizaciones en distintos puntos del país y clases públicas frente al Congreso. El conflicto se intensifica en un contexto de fuerte ajuste presupuestario y tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, que exige el cumplimiento efectivo de una ley aprobada hace más de dos semanas pero todavía sin presupuesto asignado.