La resolución, firmada por el juez Guillermo Díaz Martínez, tiene alcance colectivo y obliga a Andis a restituir de inmediato todas las pensiones no contributivas suspendidas, además de devolver los montos retenidos. La medida fue impulsada por la Defensoría del Pueblo de Catamarca junto a organizaciones como la Asociación Azul, A.P.Y.Fa.Di.M., ACIJ, CELS y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la UNLP.

Según el CELS, las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones por invalidez laboral, por lo que el fallo extiende la protección sin necesidad de reclamos individuales. “El restablecimiento inmediato de las pensiones devuelve a miles de personas el acceso a ingresos indispensables para vivir con dignidad”, afirmaron desde el organismo.

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La medida judicial se conoció mientras familiares y prestadores realizaban una protesta frente a la sede de Andis en Belgrano, Buenos Aires. Los manifestantes reclamaban el cumplimiento de aumentos de aranceles prometidos en julio y la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La movilización derivó en tensión cuando el interventor Alejandro Vilches se negó inicialmente a recibir el petitorio, que finalmente fue aceptado sin compromisos concretos.

Los manifestantes denunciaron retrasos en pagos a prestadores, bajas injustificadas de pensiones y la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Gobierno, que argumentó falta de asignación de fondos por parte del Congreso. “En discapacidad, el tiempo es vital. Las terapias que los chicos perdieron este año no se recuperan. Jugar con eso es cruel”, señaló la actriz Valentina Bassi, madre de un niño autista.

El fallo marca un precedente importante que podría frenar los ajustes sobre uno de los sectores más vulnerables del país y garantiza, al menos de manera inmediata, la restitución de derechos esenciales para miles de personas con discapacidad y sus familias.