En una sesión cargada de tensión y escándalos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que busca limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque con un inesperado giro que frustró su sanción definitiva. Si bien la iniciativa cosechó 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, el artículo central —que establecía un plazo máximo de 90 días para que el Congreso debatiera cada decreto— fue rechazado, obligando a que el texto regrese al Senado.

El oficialismo celebró el traspié opositor como un triunfo político en medio de un clima institucional tenso. Con el respaldo de varios gobernadores y el apoyo de sectores disidentes de la oposición, el Gobierno consiguió bloquear el avance de una ley que buscaba recortar su poder para gobernar por decreto. Desde la Casa Rosada, que ya había anticipado un eventual veto, calificaron el resultado como “una muestra de madurez política” y ganaron tiempo hasta después de las elecciones.

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La sesión estuvo atravesada por denuncias y acusaciones cruzadas. El diputado José Luis Espert, imputado por el presunto cobro de 200 mil dólares de un empresario ligado al narcotráfico, no se presentó en el recinto, lo que generó fuerte malestar y fue aprovechado por el oficialismo para deslegitimar la convocatoria. A su vez, Facundo Manes denunció haber sido amenazado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en los pasillos del Congreso, hecho que Menem negó categóricamente al afirmar que “la política necesita seriedad, no teatro”.

La votación del artículo 3 se cayó luego de que 13 legisladores, bajo presión de sus gobernadores, se abstuvieran o votaran en contra. Entre ellos, la santafesina Melina Giorgi cambió su posición a último momento, mientras que Jorge Ávila, alineado con el chubutense Ignacio Torres, también se desmarcó. La maniobra fue clave para el revés opositor.

El bloque oficialista contó además con el apoyo de exlibertarios del MID y del bloque Coherencia, entre ellos Oscar Zago, Gerardo González, Eduardo Falcone y Carlos D’Alessandro, además de tres diputados del PRO —Héctor Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González— y tres de la Coalición Cívica: Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Juan Manuel López.

Durante el debate, Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) defendió la necesidad de “acotar el uso abusivo” de los DNU, recordando que la norma vigente fue creada “tras la crisis del 2001, con un gobierno débil en legitimidad”. Desde el oficialismo, Nicolás Mayoraz respondió que la oposición buscaba “instalar el gobierno del Congreso” y “debilitar al Ejecutivo”. Germán Martínez, de Unión por la Patria, retrucó: “No se trata de golpismo ni desestabilización. Buscamos equilibrio institucional, no poder”.

El desenlace tomó por sorpresa al arco opositor, que daba por hecho que el proyecto se convertiría en ley. Ahora, con el resultado modificado, la iniciativa deberá regresar al Senado, donde el oficialismo intentará dilatar su tratamiento y evitar una nueva derrota legislativa en medio del clima preelectoral.