El decreto de necesidad y urgencia con el que el presidente Javier Milei reformó el sistema de inteligencia nacional sacudió el tablero político y generó un reagrupamiento inesperado dentro del radicalismo. Dirigentes históricos del partido, hoy dispersos en distintos espacios, confluyeron en una acción judicial y en una estrategia política para frenar el DNU 941/25 y poner un límite al avance del Ejecutivo.

La iniciativa incluyó la presentación de un amparo y la convocatoria a construir un “cordón sanitario” que funcione como barrera institucional frente al Gobierno. Federico Storani advirtió que el fenómeno libertario responde a una tendencia global en la que las extremas derechas absorben a sectores moderados, y sostuvo que la etapa de Juntos por el Cambio está cerrada. En ese contexto, llamó a articular acuerdos entre fuerzas de raíz popular para defender derechos y garantías que considera amenazados.

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En la misma línea, Leopoldo Moreau subrayó el peso político de la acción judicial, promovida por referentes radicales con trayectorias y pertenencias diversas. Según planteó, la presentación busca frenar decisiones que implican una concentración excesiva de poder y que, a su entender, erosionan la calidad democrática.

Mientras tanto, el conflicto se trasladó al Congreso y encendió alarmas en la Casa Rosada. En la Cámara de Diputados, la oposición realizó un primer conteo que arroja 121 votos dispuestos a rechazar el DNU, apenas ocho menos de los 129 necesarios para habilitar la sesión y derogarlo por mayoría simple. El número se sostiene principalmente en los 93 legisladores de Unión por la Patria, junto a aportes de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y monobloques provinciales.

La definición depende ahora de los sectores indecisos, entre ellos diputados de Tucumán y Catamarca, representantes patagónicos y, sobre todo, las tensiones internas del PRO y de la Unión Cívica Radical. Hasta el momento, el radicalismo mostró posturas fragmentadas frente a las principales iniciativas del Gobierno, incluso en debates sensibles vinculados a educación, salud y discapacidad.

Storani remarcó que el programa de Milei se ubica en las antípodas históricas del radicalismo en materia de educación pública, derechos sociales, producción y soberanía, y sostuvo que esa contradicción debería traducirse en una oposición más nítida. También advirtió que las diferencias internas tienen un límite cuando se ponen en juego principios fundamentales.

Con el DNU de la SIDE como disparador inmediato, la discusión abrió un debate más amplio sobre la necesidad de construir una alternativa capaz de equilibrar y controlar al Ejecutivo. Los números en Diputados muestran que la oposición está cerca de lograrlo, mientras el “cordón sanitario” comienza a consolidarse tanto en el plano judicial como en el parlamentario.