Las tensiones internas del Partido Justicialista escalaron en las últimas horas y pusieron en duda el normal reinicio de las sesiones extraordinarias en el Senado. La decisión de intervenir el PJ de Jujuy y suspender la afiliación de la senadora Carolina Moisés y de más de 300 dirigentes provocó un fuerte impacto político que ya se siente en la Cámara alta.

Tras conocerse la sanción por “grave inconducta partidaria”, Moisés inició contactos con los otros cuatro integrantes del subbloque Convicción Federal y acordaron reunirse el próximo martes para analizar una posible salida del interbloque Popular que conduce José Mayans. De avanzar esa decisión, el peronismo perdería cinco bancas y vería reducido su poder de negociación en un momento clave del calendario legislativo.

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La resolución fue firmada por los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, quienes otorgaron un plazo de 72 horas para que los sancionados presenten su descargo. Entre ellos se encuentran también los ex presidentes del PJ jujeño Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes. Los dirigentes afectados anticiparon que recurrirán la medida y la calificaron como una maniobra arbitraria.

En paralelo, Moisés buscó respaldo político y mantuvo reuniones con los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, además de señalar que cuenta con el apoyo del riojano Ricardo Quintela. Sáenz fue particularmente crítico con la intervención y denunció una “dictadura de pensamiento” dentro del PJ, al advertir que se sanciona a quienes no responden a la conducción nacional.

El trasfondo del conflicto es una disputa de larga data entre el peronismo jujeño, más abierto a acuerdos con oficialismos provinciales y nacionales, y la línea de oposición dura que impulsa el PJ nacional. Desde la intervención acusan a Moisés y a otros dirigentes de no haber acompañado las listas oficiales en las elecciones de 2025, en las que el peronismo tuvo un desempeño adverso.

La crisis amenaza ahora con trasladarse de lleno al Congreso. La senadora responsabilizó directamente a José Mayans, actual referente del PJ nacional, y planteó a su subbloque la necesidad de romper con el interbloque peronista. De concretarse, el bloque pasaría de 28 a 23 senadores, una pérdida sensible en la antesala del debate por la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

Si bien no se puso en duda de manera explícita la sesión prevista para el 11 de febrero, quedó claro que la definición política del subbloque se resolverá en diálogo con los gobernadores y no con la conducción del PJ en el Senado. El episodio vuelve a dejar al descubierto las fracturas internas del peronismo, que ya habían quedado expuestas cuando algunos de estos senadores acompañaron el Presupuesto 2026 pese al rechazo mayoritario del bloque.