El Gobierno nacional resolvió reabrir el Congreso en febrero con una agenda cargada de proyectos sensibles que habían quedado trabados a fines de 2025. A través del Decreto 24/2026, el presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 del mes próximo, con iniciativas que enfrentan una fuerte resistencia de la oposición, los sindicatos y organizaciones ambientales.

La convocatoria, firmada junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, se apoya en las facultades que otorgan los artículos 63 y 99 de la Constitución Nacional y establece un temario acotado pero de alto impacto político. Entre los puntos centrales figuran la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares, dos proyectos que el oficialismo no logró sancionar durante las extraordinarias de diciembre.

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Uno de los ejes más conflictivos es la iniciativa para “adecuar” el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, vigente desde la Ley 26.639. El proyecto implica delegar en las provincias la definición de criterios de protección ambiental, lo que, según especialistas y organizaciones ambientalistas, habilitaría el avance de la minería en zonas actualmente protegidas y significaría un retroceso respecto de un principio avalado por la Corte Suprema en 2019.

La reforma laboral, por su parte, vuelve a escena luego de haber quedado en suspenso tras la masiva movilización convocada por la CGT en Plaza de Mayo. Pese al rechazo sindical, el Gobierno anticipó que insistirá con el proyecto y, en ese marco, el ministro del Interior Diego Santilli realizó durante enero una ronda de contactos con gobernadores y legisladores aliados para asegurar los votos necesarios en ambas cámaras.

La agenda de extraordinarias también contempla el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado recientemente. El tratado propone la creación de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con la eliminación progresiva de aranceles a productos industriales y agrícolas, aunque genera dudas sobre su impacto en las economías regionales y enfrenta protestas de productores europeos que rechazan la apertura comercial.

El temario se completa con la nominación del ex diputado Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea. La designación, impulsada por el propio Milei, despertó críticas por la falta de trayectoria diplomática del dirigente y por su contraste con el discurso oficial contra la “casta” política, en un contexto de creciente tensión institucional y social.