En busca de justicia: La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su equipo de defensa se preparan para apelar ante el máximo tribunal, argumentando una persecución con fines de proscripción. La Corte podría tomarse años para resolver el caso, mientras el país sigue dividido entre defensores y detractores de la exmandataria.

Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se prepara para dar la batalla definitiva. En lo que podría convertirse en un largo camino judicial, su defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, ya prepara una apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Según su equipo, esta sentencia no es más que un intento de "proscripción" de la expresidenta, con claros fines políticos y de persecución judicial.

La sentencia de la Cámara, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroeteveña, considera a Fernández de Kirchner responsable en una causa que, para la defensa, no presenta "pruebas contundentes" y que responde a una estrategia de sectores del poder judicial "en connivencia con la derecha" para apartarla de la política. En una carta pública, la vicepresidenta señaló que esta condena es un "fallo a medida", articulado por quienes buscan impedirle competir en futuros cargos políticos.

La apelación de Cristina, última instancia en el ámbito judicial, podría demorarse durante años, y la incertidumbre sobre la resolución de la Corte es total. La reciente elección de los candidatos Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, propuesta por el presidente electo Javier Milei, añade complejidad. El Senado deberá evaluar estos nombramientos, lo que podría dilatar aún más cualquier fallo sobre la causa de la vicepresidenta.

Por otro lado, el recurso extraordinario planteado por Beraldi no cumple aún con el principio de “doble conforme”, por lo que, si es rechazado por Casación, la defensa podría recurrir a un planteo en queja, lo cual extendería el proceso.

La defensa cuenta con un margen de diez días hábiles para presentar la apelación. Mientras tanto, la Corte Suprema tiene la potestad de tomarse su tiempo en la revisión, dado que la Casación resolvió no ordenar la detención de la vicepresidenta hasta que el fallo sea definitivo. Para la defensa, esto es un "tiempo estratégico" que esperan aprovechar, asegurando que “Cristina va a dar pelea” en todos los frentes.

El caso promete ser un símbolo en la política argentina y mantiene al país en vilo. La apelación ante la Corte Suprema no solo determinará el futuro político de la vicepresidenta, sino que también podría marcar un antes y un después en la relación entre los poderes judicial y ejecutivo en la Argentina.