María Belén Agudiez renunció a su cargo de subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, en medio de la controversia que rodea a la administración de la Quinta de Olivos y de una denuncia judicial presentada por la diputada Marcela Pagano.

La salida fue oficializada mediante el Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La renuncia rige desde el 20 de septiembre y el texto oficial no especifica los motivos de la decisión.

Agudiez era una funcionaria cercana a Karina Milei y tenía bajo su órbita tareas vinculadas con el funcionamiento de distintas dependencias presidenciales, entre ellas la residencia de Olivos. Su salida se produjo en paralelo con una reestructuración de la Quinta y después de que Pagano llevara a la Justicia una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades en compras y contrataciones.

Uno de los principales puntos planteados por la legisladora es la adquisición de casi 30 toneladas de carne vacuna, pollo, cerdo, achuras y pescado destinada a la Casa de Gobierno y a la Residencia Presidencial de Olivos. Según la denuncia, parte de esos productos podría haber sido utilizada para abastecer un emprendimiento privado de catering denominado “Pancitos Caseros”.

La hipótesis forma parte de una denuncia que todavía debe ser investigada y corroborada. El emprendimiento aparece vinculado a Analía Agudiez, hermana de Belén Agudiez, y a Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba en la administración de la Quinta de Olivos y también quedó desplazado en medio de los cambios implementados en la residencia.

La documentación incorporada a la denuncia también menciona una póliza de accidentes personales contratada en marzo de 2024 para personal de catering. Según la presentación de Pagano, entre las personas aseguradas figuraban Sosa, Analía Agudiez y dos empleadas vinculadas con la residencia presidencial. La legisladora pidió que se determine si trabajadores de Olivos fueron utilizados para actividades privadas.

Otro de los puntos bajo investigación está relacionado con las contrataciones realizadas dentro de la Quinta. Pagano mencionó servicios de jardinería, compras de carritos de golf y adquisición de aromatizantes, además de señalar posibles vínculos entre determinados proveedores y personas relacionadas con el entorno de Agudiez.

La diputada también pidió investigar a un supuesto proveedor que, según su denuncia, habría facturado más de 600 millones de pesos al Estado pese a no contar con un patrimonio acorde con ese nivel de operaciones. Ese señalamiento, al igual que el resto de las acusaciones, deberá ser contrastado con la documentación oficial y la evidencia que reúna la investigación.

La compra de alimentos es uno de los aspectos que mayor atención generó dentro de la presentación judicial. De acuerdo con la documentación citada en la denuncia, el procedimiento contemplaba la adquisición de 29.505 kilogramos de carne vacuna, pollo, cerdo, achuras y pescado para un período de seis meses: 20.370 kilos destinados a la Casa de Gobierno y 9.135 kilos a la Residencia Presidencial de Olivos.

La denuncia plantea que Agudiez y Sosa figuraban entre los funcionarios con competencia para intervenir en el proceso de contratación. La Justicia deberá establecer si esa participación administrativa tuvo alguna relación con un eventual desvío de los productos o con el beneficio de un emprendimiento privado.

En paralelo, el Gobierno avanzó con una reorganización de la Quinta de Olivos. Entre las modificaciones se encuentra el traspaso a la Casa Militar de responsabilidades relacionadas con la seguridad de la residencia y otros cambios en la estructura de funcionamiento del predio.

La renuncia de Agudiez quedó así vinculada temporalmente con una serie de movimientos dentro de Olivos, aunque el decreto que formalizó su salida no menciona la denuncia de Pagano ni ninguna investigación judicial como motivo. Lo que sí está confirmado es la renuncia y su fecha de vigencia.

El caso plantea ahora varios interrogantes que deberán ser respondidos mediante pruebas y documentación. Entre ellos, cuál fue el destino efectivo de los alimentos adquiridos con fondos públicos, si existieron trabajadores estatales involucrados en actividades privadas y si las contrataciones cuestionadas se ajustaron a los procedimientos correspondientes.

Por el momento, las acusaciones de Pagano constituyen hipótesis incorporadas a una investigación judicial y no hechos acreditados. La Justicia deberá determinar si existieron delitos, responsabilidades administrativas o cualquier perjuicio para el Estado.

Mientras tanto, la salida de una funcionaria cercana a Karina Milei suma un nuevo capítulo a la crisis que atraviesa la administración de la Quinta de Olivos, donde en los últimos días se produjeron cambios en el personal y en la estructura de funcionamiento de la residencia presidencial.