Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo para explicar las inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio durante su paso por la función pública. La defensa respondió los 20 puntos planteados por el fiscal federal Gerardo Pollicita y sostuvo que los bienes y gastos cuestionados tienen origen en operaciones lícitas realizadas antes y durante su llegada al Gobierno.

El eje central de la explicación son las criptomonedas. Según el escrito presentado por la defensa, Adorni habría obtenido 591.544,61 dólares a partir de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2017 y 2018. La presentación sostiene que esos fondos fueron cobrados en efectivo y que una parte importante permaneció guardada fuera del sistema bancario durante años.

La defensa explicó que se trataba de ocho billeteras virtuales de autocustodia y que las operaciones podían ser verificadas mediante la información disponible en la cadena de bloques. Para acreditar el acceso a esas billeteras, Adorni habría certificado ante un escribano que posee las claves privadas y entregado esas claves a su abogado en un sobre cerrado y lacrado, a disposición de la investigación.

Según el relato presentado ante la Justicia, las primeras compras de Bitcoin se realizaron en 2014 y la mayor parte de la inversión se concentró en 2017. La posterior venta se habría realizado de manera presencial, mediante encuentros con compradores particulares, sin intervención de bancos, exchanges u otros intermediarios. En esas operaciones, siempre según la defensa, Adorni entregaba los activos digitales y recibía dólares billete.

La explicación busca responder uno de los principales interrogantes de la investigación: cómo se financiaron los gastos realizados durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. La fiscalía había detectado una diferencia de alrededor de 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados y los gastos del matrimonio, además de erogaciones por más de 402.000 dólares que requerían explicación.

La defensa sostiene que ese dinero provenía de un patrimonio generado mucho antes de que Adorni ingresara a la función pública. De acuerdo con su reconstrucción, los fondos obtenidos mediante las criptomonedas fueron conservados durante años y posteriormente utilizados para afrontar distintos gastos.

Entre ellos aparecen propiedades, refacciones, viajes, alquileres, consumos y operaciones vinculadas con inmuebles. La defensa también detalló una evolución del efectivo disponible: según la presentación, al cierre de 2023 quedaban 513.000 dólares, mientras que al finalizar 2024 el saldo habría descendido a 388.961,52 dólares.

Uno de los puntos que deberá analizar la Justicia es la remodelación de la vivienda ubicada en el country Indio Cuá. El contratista Matías Tabar había declarado que recibió 245.000 dólares por las obras. Adorni rechazó ese monto y sostuvo que el costo real fue de aproximadamente 175.000 dólares.

La defensa cuestionó la documentación aportada por el contratista, señaló diferencias entre los registros y sostuvo que existieron gastos sin comprobantes. Además, presentó un informe técnico de parte que estimó el valor de las obras en 174.954,58 dólares.

También forman parte de la investigación distintos gastos realizados durante el período en cuestión. La reconstrucción presentada por la defensa incluye viajes, alquileres, gastos vinculados con propiedades y consumos. Entre ellos figuran un viaje a Aruba por casi 15.000 dólares y otro al Llao Llao por alrededor de 9.000 dólares.

Otro de los aspectos cuestionados está relacionado con las declaraciones patrimoniales. La defensa atribuyó algunas inconsistencias a errores materiales y presentó declaraciones rectificativas para corregir determinados datos.

El planteo general de Adorni es que no existió enriquecimiento ilícito y que la evolución de sus bienes puede explicarse mediante ingresos, ahorros e inversiones anteriores a su ingreso al Estado. En el escrito, su defensa sostuvo que la evolución patrimonial tiene un “sustento razonable y verificable” y que no existe un enriquecimiento que carezca de explicación.

Sin embargo, la presentación no cierra por sí misma la investigación. Ahora el fiscal Pollicita deberá analizar la documentación entregada, contrastarla con la información incorporada al expediente y determinar si las explicaciones permiten despejar las inconsistencias detectadas.

Uno de los principales puntos de análisis será precisamente el origen de los dólares en efectivo. La defensa afirma que provienen de operaciones con Bitcoin realizadas años antes, pero las ventas se habrían concretado fuera del sistema financiero formal y mediante operaciones presenciales con particulares. La investigación deberá establecer si la documentación presentada permite acreditar de manera suficiente ese recorrido del dinero.

También deberán ser examinados los movimientos patrimoniales, las compras de propiedades, los costos de las refacciones, los préstamos y el resto de los gastos incluidos en el requerimiento fiscal.

Por ahora, existen dos relatos que deberán ser contrastados con la prueba. Por un lado, la fiscalía señaló inconsistencias entre ingresos, gastos y evolución patrimonial. Por el otro, la defensa sostiene que buena parte de los fondos ya existía antes de la llegada de Adorni al Gobierno y que las operaciones con criptomonedas explican el origen de los dólares.

La Justicia tendrá ahora que determinar cuánto de esa explicación puede ser respaldado documentalmente. La cuestión no pasa solamente por demostrar que determinadas billeteras de Bitcoin existieron o que las operaciones quedaron registradas en la cadena de bloques, sino también por establecer la titularidad de esos activos, el origen de los fondos y el recorrido posterior del dinero.

El descargo presentado por Adorni constituye así una respuesta a los cuestionamientos formulados por la fiscalía, pero no una conclusión sobre el expediente. La investigación continúa y será la documentación incorporada a la causa la que determine si las explicaciones ofrecidas resultan suficientes para despejar las dudas planteadas sobre su patrimonio.