La administración de Javier Milei sigue adelante con un plan que ha encendido las alarmas en sectores sindicales, sociales y en amplias comunidades de pasajeros de todo el país. Este martes, el Secretario de Transporte, Francisco Mogetta, confirmó que el Gobierno prepara la licitación para ceder a operadores privados el control de las principales líneas de trenes de pasajeros, actualmente en manos del Estado. “Creemos que vamos a estar en condiciones de hacer los primeros llamados en el primer semestre del año que viene”, explicó Mogetta, asegurando que la medida busca “optimizar la eficiencia” y “modernizar” el sistema ferroviario.

La decisión afectará a líneas clave que operan bajo la gestión de la Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE), como la Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur y el Tren de la Costa. A través del nuevo esquema, cada una será transferida a empresas privadas bajo contratos que, según el Gobierno, impulsarán una competencia que supuestamente resultará en mejores servicios para los usuarios. Además, se incluirán en el proceso de licitación dos líneas adicionales que ya operan bajo contratos vencidos y prorrogados, también previstas para ser transferidas a nuevos concesionarios.

Sin embargo, las críticas al plan han sido fuertes, especialmente por parte de sindicatos y usuarios que temen que el proceso conduzca a un encarecimiento del transporte ferroviario y a la pérdida de subsidios estatales que hoy hacen de los trenes una opción accesible para millones de argentinos. “La gestión privada, lejos de garantizar una mejora, podría imponer tarifas que dejen fuera a las clases populares, haciendo que los trenes sean inaccesibles para quienes más los necesitan”, señalaron fuentes de sectores gremiales. Asimismo, advierten que las tarifas podrían dispararse, ya que los operadores privados buscarán maximizar sus ganancias en lugar de priorizar la función social del transporte.

El Secretario de Transporte defendió la iniciativa afirmando que “este esquema permitirá a los privados llevar adelante inversiones en infraestructura que el Estado no puede costear”. No obstante, las alarmas se encendieron ante la posibilidad de que esta lógica beneficie solo a las empresas y no a los usuarios. Organizaciones de derechos del consumidor y sectores sociales señalan que la medida profundizará la desigualdad en el acceso al transporte público, un servicio esencial para la economía diaria de miles de trabajadores.

Mientras se aguarda la publicación de los pliegos de licitación, la privatización del sistema ferroviario de pasajeros ya ha generado tensiones en el ámbito político y social. La administración de Milei enfrenta un creciente cuestionamiento respecto a los efectos de este tipo de medidas, que muchos ven como una amenaza a los derechos adquiridos en el acceso al transporte público.