Luego de un revés legislativo, el mandatario recurrió a la cadena nacional para endurecer su postura y judicializar la política económica. En un mensaje de 23 minutos, anunció que enviará una ley que buscará castigar a diputados y senadores que aprueben presupuestos nacionales con déficit fiscal, con sanciones económicas y administrativas. También aseguró que se prohibirá al Tesoro financiar el gasto primario mediante emisión monetaria.

Milei acusó al Congreso de promover “gastos sin explicar su fuente de financiamiento” y advirtió que esa actitud llevaría a un “genocidio sobre las generaciones futuras”. En un tono electoral, planteó una dicotomía entre “responsabilidad” y “realismo mágico”, buscando enviar señales a los mercados en un contexto de alta polarización.

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La Casa Rosada reconoció que ya no controla la Cámara baja y que la correlación de fuerzas podría mantenerse hasta fin de año. Frente a esta realidad, y tras el “miércoles negro” legislativo, el presidente eligió una cadena nacional para reafirmar su postura y advertir que no cederá: “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Sin embargo, la oposición cuestionó sus argumentos al demostrar que las leyes vetadas tenían fuentes de financiamiento. Por ejemplo, el proyecto que aumentaba jubilaciones y pensiones, con un bono de $110.000 y mejoras para pensiones no contributivas, contemplaba seis fuentes de recursos, incluyendo la reasignación de fondos de la SIDE y la eliminación de exenciones impositivas para sectores de altos ingresos.

Además, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indicó que el costo fiscal representaba el 0,78 % del PBI, mientras que las fuentes de financiamiento sumaban el 0,72 %, cubriendo casi la totalidad del gasto.

El CEPA señaló que ese gasto era menor al de otras erogaciones recientes, como las utilidades transferidas por el Banco Central al Tesoro o el superávit fiscal acumulado en los primeros cinco meses del año. Otros proyectos, como la moratoria previsional o la Ley de Emergencia en Discapacidad, tenían un impacto mínimo en el PBI y podían ser cubiertos con el superávit actual.

Pese a ello, el Gobierno priorizó el pago de deuda y la reducción de impuestos a sectores concentrados. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner resumió la situación: “No hay plata para jubilados, discapacitados o universidades, pero sí para bajar retenciones al campo”.

Entre las recientes medidas favorables a los sectores más ricos figuran la eliminación del impuesto a los Bienes Personales, la reducción del impuesto PAIS y rebajas de retenciones para el agro y la minería, que representan una fuerte transferencia de recursos hacia esos grupos.

En este contexto, el argumento oficial de que “no hay plata” muestra un sesgo claro: existen recursos para aliviar la carga impositiva de los sectores más poderosos, pero no para garantizar derechos básicos a la mayoría de la población.