El gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés en la Justicia: el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y frenó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, una de las iniciativas más polémicas incluidas en el paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo. El fallo suspende el decreto que disponía el cierre del organismo hasta tanto se resuelva su constitucionalidad.

“Por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad”, explicó Emiliana Mcnamara, secretaria general del gremio, quien además subrayó que el organismo “fue creado por decreto ley y funciona como ente autárquico, por lo que no puede ser disuelto por un simple decreto”. En ese sentido, fue categórica: “Esto es inconstitucional”.

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El fallo obliga al Gobierno a frenar cualquier avance y garantiza que Vialidad Nacional continúe funcionando normalmente mientras se tramita el reclamo judicial. La dirigente sindical celebró la decisión y la calificó como un triunfo colectivo. “Nuestro objetivo es mantener Vialidad, porque es el ente encargado de cuidar las rutas nacionales. A este problema no se lo resuelve desfinanciando ni disolviendo”, afirmó. Luego, agregó con entusiasmo: “Tenemos una alegría inmensa. Tenemos Vialidad para rato, ojalá que sea así. Y si no, seguiremos luchando desde lo político, en la calle y en la Justicia”.

Pero el fallo no es el único escollo que enfrenta el Gobierno. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) también presentó un amparo ante la Justicia, no solo para frenar la disolución de Vialidad, sino también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. En su planteo, el gremio reclama que se declare la inconstitucionalidad del decreto y se suspendan todos sus efectos.

El freno judicial al decreto de Milei y Federico Sturzenegger llega en un momento de creciente tensión con los trabajadores del Estado y suma un nuevo capítulo a la larga lista de cuestionamientos legales contra el plan de desregulación y ajuste del Ejecutivo. Por ahora, el cierre de Vialidad quedó en pausa. Pero el conflicto promete escalar.