El Gobierno nacional busca acelerar su agenda legislativa y avanzar con dos iniciativas centrales para la administración de Javier Milei: el Presupuesto 2027 y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con la cuestión Malvinas. Tras los avances conseguidos en la última sesión de la Cámara de Diputados, el oficialismo apuesta a fortalecer los acuerdos con los bloques aliados para conseguir respaldo parlamentario.

La primera instancia clave está prevista para este martes a las 11, cuando vuelva a reunirse la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Durante el encuentro, funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado expondrán sobre los lineamientos del proyecto presupuestario. Fueron convocados el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña.

En la Casa Rosada consideran que el diálogo retomado con distintos gobernadores puede facilitar el tratamiento de la iniciativa y destrabar las negociaciones parlamentarias. Las conversaciones serán determinantes para establecer el nivel de respaldo que puede reunir el proyecto, que fija las previsiones de gastos y recursos del Estado nacional para el próximo año.

Uno de los principales puntos de discusión será el financiamiento de las universidades públicas. La definición de las partidas presupuestarias genera preocupación entre mandatarios provinciales y dirigentes de distintos espacios políticos, incluidos sectores de la Unión Cívica Radical.

Entre los gobernadores que siguen de cerca el tema se encuentra el cordobés Martín Llaryora, quien, al igual que otros dirigentes provinciales, reclama respuestas sobre los recursos destinados al sistema universitario. El oficialismo deberá compatibilizar sus objetivos fiscales con las demandas de quienes buscan garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas.

Dentro del Gobierno también persiste el malestar por la falta de tratamiento de la nueva ley de Financiamiento Universitario durante las sesiones extraordinarias del verano pasado. En el oficialismo, algunas voces atribuyen esa situación a problemas de coordinación entre los responsables de la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza.

En paralelo, el Ejecutivo pretende avanzar con la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, relacionada con la cuestión Malvinas. El proyecto generó cuestionamientos por algunos de sus artículos y por las posibles consecuencias que determinadas disposiciones podrían tener sobre las inversiones y las relaciones con Estados Unidos.

Pese a las diferencias planteadas durante las negociaciones, desde La Libertad Avanza descartaron que la iniciativa vaya a quedar paralizada y anticiparon que se introducirán modificaciones en su redacción para facilitar el tratamiento legislativo.

La postura oficial fue expresada por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien rechazó las versiones sobre una eventual suspensión del proyecto. A través de un mensaje publicado en la red social X, sostuvo que la causa Malvinas es “sagrada” para los argentinos y defendió la posición del Gobierno nacional.

Caputo también afirmó que gobernadores y bloques aliados de ambas cámaras legislativas habían manifestado su respaldo a la iniciativa. Sus declaraciones se produjeron mientras funcionarios nacionales mantenían contactos con representantes de la administración estadounidense, en medio de las discusiones sobre el alcance del proyecto.

El tratamiento legislativo había sufrido una demora luego de que no se concretara la reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, prevista para el martes 21. La falta de acuerdos con sectores de la oposición obligó a postergar el encuentro y dejó pendiente la posibilidad de emitir dictamen.

Ahora, la atención del oficialismo está puesta en la reunión prevista para este martes a las 16, que podría permitir retomar el debate y evaluar cambios para acercar posiciones. La posibilidad de avanzar dependerá del consenso que logre reunir la iniciativa y de las modificaciones que finalmente se incorporen al texto.

La tercera discusión que ocupa al Gobierno es la reforma electoral que propone eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Aunque la iniciativa forma parte de los objetivos legislativos del oficialismo, todavía existen diferencias internas sobre los tiempos y las condiciones para negociar su aprobación.

Dentro de La Libertad Avanza conviven posiciones distintas. Un sector considera que el Gobierno tiene margen para negociar con los bloques parlamentarios sin apresurar las conversaciones. Otros dirigentes, en cambio, sostienen que conviene avanzar cuanto antes para evitar que la discusión se superponga con el calendario electoral.

Entre quienes reclaman acelerar los plazos se encuentra la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. La senadora sostuvo que las reglas electorales no deberían modificarse durante los años en que se celebran elecciones y planteó la necesidad de resolver el tema antes de fin de año.

“En los años de elección no se cambian las leyes electorales. Eso es un concepto aceptado por la política. Entonces, el esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 30 de diciembre”, afirmó.

La ausencia de Bullrich en la reunión de gabinete encabezada por Milei este lunes también llamó la atención en medio de las diferencias sobre la estrategia legislativa. Sin embargo, el principal desafío para el oficialismo será convertir sus objetivos en acuerdos concretos con gobernadores y bloques aliados.

Con el Presupuesto 2027, el proyecto vinculado con Malvinas y la reforma electoral en el centro de la agenda, el Gobierno enfrenta una semana de negociaciones en el Congreso. Las reuniones previstas permitirán evaluar el respaldo político que puede reunir La Libertad Avanza y las concesiones que deberá negociar para impulsar sus principales iniciativas.