El financiamiento universitario volvió con fuerza al recinto de la Cámara de Diputados, dejando expuesto al gobierno de Javier Milei, que enfrenta un escenario político muy distinto al del año pasado, cuando logró vetar una ley similar. Esta vez, el proyecto que garantiza la recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles, además de un aumento progresivo de los fondos destinados a la educación superior, cuenta con un respaldo transversal y amplio, que suma 49 firmas de diputados sobre 77 presentes en el dictamen de mayoría.

La iniciativa fue respaldada por bloques como Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Encuentro Federal e Innovación Federal, y cuenta con el apoyo de los rectores de universidades nacionales, quienes vienen alertando sobre el impacto del ajuste en la educación superior. La diputada Danya Tavela denunció que “el Gobierno nacional ha decidido comerse la inversión en las universidades, como se come la inversión en obra pública y se dejan de hacer rutas o éstas se vienen abajo” y advirtió que “cuando un gobierno deja de invertir en educación se acotan las posibilidades del país de tener productividad y desarrollo”.

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El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, destacó el consenso alcanzado en el Congreso y afirmó que el texto cuenta con respaldo “cualitativo y cuantitativo” de la comunidad universitaria. Además, anticipó que solicitarán el tratamiento urgente de la emergencia en ciencia y tecnología para ampliar la protección a estos sectores clave. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro sostuvo que la crisis educativa actual es “fabricada y premeditada”, evidenciando un vaciamiento del sistema universitario nacional.

El Frente de Izquierda, por su parte, también manifestó su apoyo a la causa con un dictamen propio y llamó a una nueva movilización masiva en defensa de la universidad pública.

El dictamen contempla la actualización automática de becas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la regularización de ingresos a la carrera de investigador científico y un incremento progresivo en la cantidad de becas conforme a la matrícula estudiantil. Estas medidas buscan revertir el impacto del ajuste sobre el sector educativo.

Aunque la sesión para tratar el proyecto se postergó por dificultades logísticas, la política quedó clara: Milei no cuenta con los votos necesarios para sostener un veto, ya que para frenarlo necesita el respaldo de un tercio de la Cámara. Si el proyecto avanza también en el Senado y recibe sanción definitiva, la posibilidad de que el Presidente detenga la ley sin costos políticos ni legislativos se vuelve cada vez más remota.

El regreso de esta ley marca un hito en la lucha por defender la educación pública y la inversión en el futuro del país, con una oposición unida que ya no permite que el ajuste en las universidades siga avanzando sin resistencia.