El cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad encendió todas las alarmas en las provincias, que ahora deberán enfrentar por su cuenta la continuidad de obras viales clave para la conectividad, el desarrollo productivo y la seguridad en las rutas. La medida forma parte del brutal ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y que, con este nuevo golpe, deja a decenas de obras paralizadas, en el limbo o directamente abandonadas.

Desde el interior del país se multiplican las advertencias: las provincias no tienen recursos para asumir compromisos que antes eran de responsabilidad nacional. En muchos casos, se trata de obras con décadas de postergación que hoy vuelven a entrar en pausa, a pesar de que algunas ya estaban en marcha o tenían financiación externa asegurada. “Al día de la fecha se están certificando unas ocho obras, de ellas hay cinco que son con financiamiento externo y las otras tres son pequeñas. Por lo tanto hoy la transferencia de esas obras adjudicadas no existe”, explicó Fabián Catanzaro, titular de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Y remarcó que, más allá de algunos acuerdos puntuales con gobernadores, “son marginales”.

Únete a nuestro Facebook  https://www.facebook.com/almafuerteradio2022 y accede a las noticias más relevantes.

La Casa Rosada intenta mostrar otro escenario. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que se licitarán 9.120 kilómetros de rutas “degradadas como nunca antes en la historia” y prometió que seguirán “todas las obras que se iniciaron bajo los parámetros de la Ley Bases”. Pero en los territorios, la realidad es bien distinta: no hay presupuesto asignado, los convenios firmados quedaron sin respaldo y la incertidumbre es total.

En Formosa, la Justicia Federal ordenó trabajos urgentes sobre tramos críticos de las rutas 11, 81, 86 y 95, donde ya hubo víctimas fatales. En Santa Fe, Mendoza, Salta, Catamarca y otras provincias, gobernadores y funcionarios locales denuncian que las obras comprometidas por Nación quedaron en pausa, sin certezas sobre su reactivación.

“La situación es gravísima”, sostuvo Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”.

El mapa vial argentino está cada vez más deteriorado y las señales de alerta no se detienen. Mientras crece la preocupación por obras inconclusas como la Autovía de la Ruta 18 en Entre Ríos, pavimentaciones en Neuquén, mejoras en rutas estratégicas de Corrientes o la reparación del puente sobre el río Santa Cruz, las provincias se ven obligadas a renegociar a ciegas, sin fondos, sin certezas y con una sola certeza: la Nación se corrió. Y lo hizo justo cuando más se la necesitaba.